Con suma preocupación y expectativa se encuentra la sociedad cartagenera por la situación que afrontan 9 concejales y 2 exconcejales de la ciudad, quienes están en tela de juicio por la elección de la Contralora Distrital, Nubia Fontalvo Hernández. Intriga saber la suerte que correrán los coadministradores de Cartagena ante la solicitud de la fiscal 53 Liliana Velásquez, quien según el acervo probatorio recaudado por el ente investigador en el planteamiento de la teoría del caso, pedirá al Juez de Control de Garantías que se les impute el delito de Cohecho, tipificado en el Art 405 de la ley 599 de 2000.
Es la mayor crisis político administrativa que afronta este órgano colegiado, encargado de hacer control político al Alcalde, que dicho sea de paso, el anterior con quien trabajaron de la mano, está recluido en la cárcel de Sabanalarga (Atlántico) por delitos contra la administración pública, como quien dice, no se sabe que es peor, si la cura o la enfermedad.
Ya este tipo de casos se han presentado en otros municipios de Colombia, recordemos que en Sabanas de Torres (Santander) fueron capturados 5 concejales por el delito de peculado, en Nariño 3 vinculados a una red de narcotráfico, en Florencia (Caquetá) fueron 11 los concejales capturados por corrupción, significa que cada vez más se destapa este tipo de organizaciones criminales estructuradas al interior de las administraciones, las cuales se encargan de desangrar el erario en detrimento del interés general y la confianza legítima, con el fin de entronizar un poder corrupto el cual deslegitima las instituciones.
Lo curioso en el caso de los concejales Cartageneros es que no solicitaban dinero sino “libros” o al menos, eso fue lo que se encontró en los audios interceptados por el ente acusador al concejal Jorge Useche Correa, quien acompaña al ex alcalde Manolo Duque en la Cárcel de Sabanalarga (Atlántico). ¿Será que los honorables concejales tenían en mente construir una biblioteca o quizás su intención era institucionalizar las jornadas de lectura en el cuerpo colegiado?, lo que esperamos es que enfaticen en ética, moral y hasta en la urbanidad de Carreño.
Me preguntó si la Fiscalía no les imputará también los delitos de prevaricato y concierto para delinquir? considerando que este grupo de concejales contribuyó a la expedición de un acto administrativo con ausencia de la totalidad de los elementos de existencia y validez e igualmente concertaron y planificaron su participación para hacerlo dolosamente y con una finalidad ilegitima.
Desde el punto de vista jurídico se encuentran inmersos en una investigación penal con efectos disciplinarios toda vez que la sentencia del Tribunal Administrativo que tumbó la elección de la Contralora, generó nuevos hechos y situaciones que ameritan la apertura de una investigación disciplinaria, lo cual es ratificado con la solicitud radicada por la Fiscal, pero, el principal interés de los cartageneros es saber que sucederá con el Concejo Distrital.
De lo que estoy seguro, es que de aceptar el Juez de Control de Garantías la tesis de la Fiscal Velásquez, nuestros concejales viajaran a Sabanalarga y no precisamente a debatir temas de ciudad, sino a enfrentar su deshonrosa situación jurídica.
