Por haber incurrido en los delitos de cohecho y prevaricato, al elegir de manera irregular a la Excontralora Distrital de Cartagena, Nubia Fontalvo Hernández a comienzos de 2016, el Juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento, decidió mantener la medida de detención domiciliaria a los concejales implicados.
Durante la audiencia de acusación que se cumplió este jueves en el Complejo Judicial de la ciudad, el Juez conceptúo que las peticiones de nulidad por parte de los abogados defensores, “son improcedentes y extemporáneas por anticipación, teniendo en cuenta que el acto procesal no se ha agotado”.
En la audiencia hicieron presencia los concejales Américo Mendoza Quessep, Luis Cassiani Valiente, Antonio Salim Guerra, Duvinia Torres Cohen y William Pérez Montes, quienes según la Fiscalía habrían recibido dadivas para elegir a la Contralora quien permanece tras las rejas de la Cárcel Distrital San Diego.
En este caso también está implicado el concejal Javier Curi Osorio a quien pareciera habérsele archivado el proceso por parte de la Fiscalía toda vez que desde que presentó excusa médica para no asistir a la primera audiencia no se han tomado acciones judiciales. El concejal Curi Osorio, quien en el momento de ser llamado a indagatoria presentó excusa médica continúa debatiendo temas en la Corporación edilicia.
En la audiencia también estuvieron el exconcejal Ronald Fortich Rodelo y la exsecretaria General del Distrito, Luz Estela Cáceres Morales a quien se le imputó el delito de cohecho.
Los también concejales Édgar Mendoza Saleme y Erich Piña Feliz, investigados por el mismo caso no se presentaron a la audiencia, tampoco lo hizo el exconcejal Zaith Carmelo Adechine Carrillo.
Vinculados a este caso y privados de la libertad se encuentra también el concejal Jorge Useche Correa y Angélica Hodeg Durango. Así mismo el exalcalde Distrital Manuel Vicente Duque Vásquez, su medio hermano José Julián Vásquez, considerado por la Fiscalía como el alcalde en la sombra y quien habría orquestado todo el plan al que se conoció como “pacto criminal” para adueñarse de los recursos públicos.
La audiencia preparatoria para juicio quedó fijada para los días 15 y 16 de noviembre, tiempo durante el cual los implicados continúan pagando con casa por cárcel.
