De todos es conocido que en cualquier organización sea del orden público o privado se acuda a tener asesores, los cuales son personas naturales o jurídicas cuyo objetivo es asistir, orientar o aconsejar a quienes toman las decisiones, para que estas sean las más acertadas posibles y se puedan lograr las metas propuestas de la mejor forma.
En el sector público en muchas ocasiones encontramos que se ha venido desfigurando el rol de asesores, ya que no en pocos casos, en lugar de servir de apoyo y respaldo a los funcionarios, llámense Alcalde o Gobernador, para poner un caso, se ha venido utilizando esta figura para cumplir compromisos burocráticos, perdiendo la oportunidad de rodearse de personas idóneas conocedores de los diversos temas de la administración para coadyuvar y construir verdaderos equipos de trabajo, y lograr una mejor gestión gubernamental.
Amén de lo señalado referente a los asesores, las malas prácticas administrativas se extiende también en la conformación de los gabinetes o en la escogencia de las personas que deben responder por las diferentes secretarías o entidades del orden Departamental o Distrital, donde encontramos que los colaboradores se seleccionan teniendo más en cuenta las indicaciones y en algunos casos las imposiciones de los padrinos políticos que por la formación, las competencias y la experiencia; de allí que es común escuchar, que determinada secretaria o dependencia se la dieron o pertenece a tal concejal, diputado o senador, cuando no, a determinado financista.
Bajo esas prácticas, que por su existencia de tiempo atrás parecen para muchos sectores sociales como normales, encontramos en gran parte el fracaso de las administraciones, dado que en lugar de tener claros los objetivos que se persiguen y construir verdaderos equipos de trabajo que orienten sus acciones para solucionar los problemas de la comunidad, su visión se centra prioritariamente en atender los intereses de los postuladores, quedando la administración del ente territorial como una gran torta donde se reparten porciones de acuerdo a los apoyos financieros o electorales recibidos.
Estos procedimientos malsanos han venido tejiendo una especie de “Manto de silencio cómplice”, donde por una parte, los miembros de corporaciones llamados a ejercer control político (Concejo Distrital, Asamblea) para la buena marcha de las administraciones, se han convertidos en centros de ocultamiento de hechos que en muchos casos afectan los recursos del erario, sin contar con la poca eficiencia y muestra de resultados de los organismos de control, llámense Contralorias o Personerías.
La ciudad ha sido afectada en grado sumo, por esa realidad “aquí de todo pasa y nada pasa”, donde no se conocen pronunciamientos de quienes deben asumir posiciones claras ante hechos censurables como los acontecidos recientemente con el director de Distriseguridad, Víctor Arango al tomarse una selfie con alias «La Madame», una señora sindicada de proxenetismo, actualmente con detención intramuros en la Cárcel San Diego, donde pareciera es toda una celebridad como lo han reseñado también algunos portales internacionales.
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Por otra parte, que bien recibiría la ciudadanía saber cómo se han administrado y en que se han invertido los recursos del IDER, que al mes de septiembre ya había agotado el presupuesto del año, en palabras de la actual directora.
Sería sano para la Administración Distrital escudriñar todas las obras que se debieron realizar con los recursos de vigencias futuras aprobadas por el Concejo Distrital durante la administración de Dionisio Fernando Vélez Trujillo, o revelar los recursos comprometidos en OPS indicadas por Funcicar recientemente, son interrogantes sobre los cuales aún no se tienen respuestas claras.
Asumir un “Silencio Cómplice” o pasar de agache, esperando que el transcurrir del tiempo se convierta en bálsamo de olvido, no es postura admisible, ya que ello sólo genera frustración en la ciudadanía y pérdida de confianza en las Instituciones.
