Muchos comentarios y observaciones se han venido suscitando a raíz de la terminación de la concesión del alumbrado público de Cartagena de Indias, prevista para el 6 de enero de 2019, al tener la Administración Distrital que adoptar una decisión para seguir prestando un servicio esencial a toda la ciudadanía.
Teniendo en cuenta la inestabilidad político administrativa en la cual se ha visto sumida la ciudad, todo parece indicar que no se han realizado los estudios y análisis para conocer realmente el estado de la concesión, lo cual genera incertidumbre y no pocas suspicacias en el manejo que se le dé al tema, por el monto millonario de la concesión y el tiempo de duración de la misma que ya lleva 20 años.
Son muchos los escándalos de corrupción en los cuales la ciudad y en particular la Administración Distrital, bajo la orientación de diferentes alcaldes se ha visto inmersa, precisamente a raíz de la falta de claridad en diferentes convenios y contratos realizados, por lo cual la concesión del alumbrado público, debe blindarse para ofrecer el mejor servicio a la ciudad con todas las garantías para las firmas oferentes que en ella participen, sin acuerdos turbios por debajo de la mesa.
Es importante considerar que el nuevo contrato del servicio de alumbrado público, debe contemplar prioritariamente el cambio de la mayoría de las actuales luminarias, por elementos con tecnología LED, las cuales son mucho más eficientes, generando una mejor iluminación, con un color blanco agradable a la vista y un menor consumo de energía. Adicionalmente se puede señalar que los fabricantes de dichos elementos, garantizan más horas de vida útil, en comparación con las luminarias de sodio o mercurio, lográndose menores costos de mantenimiento, siendo pertinente exigir que en los pliegos se señale cual va ser la disposición final de los elementos retirados por el cambio de tecnología (Bombillas de sodio o mercurio).
Otro aspecto importante a considerar, en el proceso licitatorio para la concesión, debe ser la exigencia en los pliegos para que todos los elementos utilizados tengan certificación del RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público). Ello garantizaría que se coloquen luminarias y elementos de calidad certificada, garantizando que los niveles de iluminación sean los establecidos en dicha norma tanto en los lugares actuales o iluminaciones nuevas, principalmente en parques y en espacios públicos de gran concurrencia y peligrosidad, para contribuir a lograr una mayor seguridad y bajar los índices delincuenciales en la ciudad.
En razón de ello y para garantizar la prestación de un servicio de calidad, debe contemplarse tiempo límite para realizar reparaciones, de tal forma que transcurrido este sin dar solución, se contemplen penas pecuniarias por cada día transcurrido después de vencido el plazo estipulado para la ejecución de las mismas.
No menos importante es considerar el nivel tarifario a cobrar a los usuarios, pues no sería de buen recibo so pretexto del nuevo contrato de concesión incrementar las tarifas que hoy se están cobrando, sobre todo cuando se debe dar cumplimiento al ART 351 de la Ley 1819 de 2016 y los decretos 943 del 30 de mayo de 2018, que modificó el ART 2.2.3.6.1.8 del Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, donde se indica: “Para la determinación del valor del impuesto a recaudar, los Municipios y Distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación de cada componente de servicio. Los Municipios y Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos que establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue dicho Ministerio, pudiendo recaer la delegación en la Comisión de Regulación de Energía y Gas”.
Vale la pena conocer si se ha cumplido con la normatividad antes señalada por parte de la administración Distrital.
Diferentes administraciones distritales se han visto últimamente salpicadas en diferentes escándalos de corrupción y en prácticas administrativas que generan desconfianza en la ciudadanía por la falta de transparencia en los procesos y disposiciones adoptadas, por ello el manejo y decisión que se adopte en la concesión del alumbrado público por 20 o 25 años servirá para saber si comenzamos a iluminar el camino que nos permita salir de los oscuros días de negocios turbios o si seguimos navegando en las aguas turbulentas de la corrupción que arrasa lo que encuentra a su paso.
