Radicado el proyecto de reforma tributaria, denominado Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, son muchas las manifestaciones de desconcierto, rabia y reacción de la ciudadanía por la afectación del bolsillo para la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
Señalamos que genera desconcierto e indignación, pues el presidente Duque Márquez, ha cambiado de criterio en tan poco tiempo, al considerar y pretender gravar ahora con el Impuesto al Valor Agregado -IVA – del 18% a artículos básicos de la canasta familiar como la leche, huevos, pan, verduras y carnes, entre otros, cuando indicaba recientemente, siendo senador de la República y luego candidato a la Presidencia, que subir el IVA del 16 al 19% a productos como vestuario, aseo personal, productos de limpieza, teléfonos inteligentes mayores de $600.000 era una infamia. Ante la reforma propuesta hoy, ¿cómo podemos calificar el imponerle un 18 % de IVA a productos alimenticios básicos?
Igualmente indicaba el entonces candidato, hoy presidente Duque, que la carga impositiva en el país era asfixiante, por lo que hoy observamos es una incoherencia orientada al engaño, entre lo que se planteaba en campaña y lo que se pretende imponer ahora como Presidente, por ello se percibe en muchos sectores de la sociedad colombiana la pérdida de confianza en el jefe de Estado y su Ministro de Hacienda, quien dicho sea de paso no ha dado la cara para justificar y defender el articulado de la mencionada Ley.
Ante tan trascendental propuesta no era pertinente que el presidente Duque se hubiera dirigido a todos los colombianos para explicar, justificar y defender los puntos más sensibles e importantes del proyecto y no salir después de manera tímida a indicar que el debate está abierto y debe plantearse en el Congreso.
Si analizamos aspectos importantes en el contenido de la propuesta encontramos que de gravarse la canasta familiar como lo están planteando, producirá, así algunos lo nieguen, un impacto negativo en los bolsillos de todos los colombianos, siendo los mayores afectados la población en niveles de pobreza y pobreza extrema, los que sobreviven del rebusque, los asalariados, la denominada clase media y de manera más fuerte los pensionados, ya que estos verán afectada su economía adicionalmente por otros factores como la disminución en su capacidad de compra al solo incrementarse su mesada pensional con el índice de Precios al Consumidor -IPC-, cuando generalmente los bienes y servicios se aumentan de acuerdo al reajuste del salario mínimo o algo más, si a ello se suma ahora lo pretendido con el IVA a la canasta familiar, más impuesto a la renta del cual actualmente están exentos, además de realizar retención en la fuente a las pensiones que superen aproximadamente los $4 millones 260 mil. Todo ello lleva a cavilar que en lugar de pensar en muerte natural, se pretendiera aniquilar por asfixia económica a los pensionados del país, exceptuando aquellos que bajo regímenes especiales gozan de mesadas voluptuosas.
Con el ánimo de paliar el impacto a los más pobres se plantea la devolución por familia de unos 51 mil pesos al mes, sin indicar cómo sería el mecanismo a emplear, ni hasta donde sería su cobertura, lo cual, como están suponiendo algunos, se haría por medio de subsidios como los otorgados a Familias en Acción, o los auxilios al adulto mayor, lo cual en lugar de superar la pobreza agudiza la dependencia.
Miremos más bien como dignificamos la existencia de esa población extra vulnerable, para no condenarla a una pobreza eterna, brindándole oportunidades para que puedan salir de ese estado de dependencia y cumplir esa enseñanza bíblica de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”.
Por otra parte, se plantea la reducción progresiva del impuesto de renta a las empresas para generar más empleo formal; en lugar de ello, porqué no pensar que este beneficio de disminución no se haga generalizado para todas las empresas y de manera anticipada; más bien se deben establecer y reglamentar unos ‘bonos laborales’, deducibles del impuesto de renta, cuando de manera efectiva cada empresa demuestre que creó en el año un número de empleos nuevos, comprobables con los aportes a la seguridad social.
Ahora, no es de buen recibo que se señale por parte del Gobierno que de no recaudarse los recursos para tapar el hueco fiscal que ronda los $14 billones se ponen en riesgos programas sociales y subsidios a la población más vulnerable. ¿Cuál es el propósito de lanzar este tipo de amenazas? Si estamos en un estado social de derecho, se debe proteger y brindar garantías a toda la población que habita el territorio.
¿Porqué, antes de pensar en esculcar el bolsillo de la gente, no se toman acciones contundentes tales como combatir efectivamente la corrupción rampante que se lleva parte del erario?, ¿enfrentar las evasiones de rentas e IVA, que se estiman pueden rondar los $40 billones al año?, ¿mayor austeridad y calidad en el gasto público, comenzando por eliminar aquellos innecesarios y los que poco valor generan?, ¿control efectivo al contrabando?, ¿reforma a la Administración Pública, a fin de tener un Estado más austero y eficiente, podando la fronda burocrática que hoy asfixia diferentes dependencias gubernamentales a nivel nacional y en el exterior?.
El Ejecutivo y el Congreso de la República deben analizar de manera juiciosa y objetiva lo que se puede venir en protestas y acciones ciudadanas de darle vía libre a este proyecto tal como lo han planteado, y con el grado de afectación a la economía de los hogares.
Tengamos claro: aquí no se trata ni de Petristas, ni uribistas, ni de Antiduquistas, ni de Conservadores o Liberales, ni de Castrochavistas o Derechistas; el problema es de subsistencia; así que no juguemos con candela que el hambre no tiene ningún distingos de ninguna naturaleza.
