La Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades detectadas en la empresa de energía eléctrica Electricaribe, uno por $220 mil millones y otros por 6 mil millones de pesos; recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica.
El ente de control adelanta la etapa probatoria de rigor para decidir si imputa cargos a los involucrados.
Los $220 mil millones de pesos tienen que ver con el presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de toda la Región Caribe y los 6 mil millones de pesos están relacionados con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales.
Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de $11 mil 600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas para tomar la decisión de imputación o archivo.
Daño patrimonial por uso indebido de subsidios
El daño patrimonial que habría causado Electricaribe, por el indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Norte del país está en la mira de la Contraloría General de la República hace cerca de dos años.
En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar en Electricaribe para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados.
Y la indagación se dio luego que la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas.
Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017.
La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.
Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Región Caribe.
