Se ha expedido por parte del gobierno nacional, el decreto 2362 de 2018, en donde se pretenden adoptar medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego.
Sin embargo la motivación del acto administrativo y su parte resolutiva tienen falencia que serán atacadas por vía administrativa y entre estas tenemos que el gobierno nacional se basa en decir:
Que la Presidencia de la República, debe conservar en todo el territorio nacional el orden público y reestablecerlo en donde fuera turbado.
Que de conformidad con las estadísticas de homicidios y lesiones personales suministradas por la Policía Nacional entre los años 2016 y 2018 tiempo de las vigencias de las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte de armas existe una tendencia decreciente de los índices de homicidios y lesiones ocasionadas por armas de fuego, lo cual coadyuva a garantizar los derecho y libertades fundamentales, seguridad ciudadana y el orden público.
Las cifras:
Al revisar el boletín estadístico de enero a diciembre de 2014, emitido por el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses nos proyecta:
- Homicidios por proyectil: 7892.
- Violencia general por homicidio: 10.726.
De enero a diciembre de 2015.
- Homicidios por proyectil: 7.454.
- Violencia general por homicidio: 10.365.
De enero a diciembre de 2016.
- Homicidios por proyectil: 7.567
- Violencia general por homicidio: 10.674.
De enero a diciembre de 2017.
- Homicidios por proyectil: 8.122.
- Violencia general por homicidio: 10.868.
De enero a noviembre de 2018.
- Homicidios por proyectil: 8.631.
- Violencia general por homicidio: 10.229.
Entonces no es cierto que exista una tendencia decreciente de los homicidios durante la vigencia del decreto de suspensión del porte de armas de fuego en el 2016 y 2018, lo que vemos es un aumento de la tasa de homicidios en forma general y con armas de fuego, además de que medicina legal no solo recibe muertos de la Policía, sino también del CTI y en partes que no hace presencia la fuerza pública son entregados por diferentes personas, por lo cual el dato estadístico de medicina legal tiene más confiabilidad, por cuanto son muertes violentas a las cuales les toca hacerle la respectiva necropsia.
Colombia, ocupa un puesto importante en el ranking de países con más homicidios. Notamos como los ciudadanos de bien se les restringe un porte de armas de fuego, mientras la delincuencia anda armada.
Tras este análisis La Veeduría de la Rama Judicial “Vejuca” demandará el decreto 2362 de Diciembre 24 de 2018, por el cual se adoptan medidas para el porte de armas de fuego.