Por vencimiento de términos un Juez de Control de Garantías otorgó la libertad al Inspector de Policía de la Comuna 12 de Cartagena de Indias, Alfonso Ramos De León quien había sido cobijado con medida de detención domiciliaria vinculado a la investigación por el desplome del edificio en construcción Portales de Blas de Lezo II, tragedia que cobró la vida de 22 obreros y dejo a otros 21 heridos el pasado 27 de abril de 2017.
Sobre Ramos De León, pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías por el delito de prevaricato por omisión.
Ramos De León, estaba detenido desde el 22 de junio de 2017 tras haberse entregado en la Fiscalía General de la Nación seccional Bolívar y por quien en su momento se ofreció una recompensa hasta de 5 millones de pesos.
“Es un mal mensaje que envía la institución encargada de instruir los procesos penales en nuestro país, porque además de trasmitir impunidad, deja una sensación de inoperancia y camina sobre la cornisa delgada de la corrupción. No es de buen recibo que en 120 días que tiene la fiscal para presentar el escrito de acusación no lo haga y sobre todo en un caso tan sonado como este, donde están todos ojos de la Nación por las connotaciones particulares que reviste”, dijo el abogado Alexander Covilla Manjarrez, al ser consultado por 724 noticias de Bolívar.
El jurista señaló que “la decepción no es solo para los familiares de las víctimas, sino también para toda la comunidad cartagenera que ansiosa y desilusionada mira como las grandes capturas y el show mediático de la Fiscalía se va desmoronando en cada uno de los procesos, tal como ocurrió en el caso de los concejales capturados por hechos de corrupción que hoy también gozan de libertad por vencimiento de términos”.
Entre tanto el presidente de la Veeduría a la Rama Judicial Vejuca, Erick Urueta Benavides, explicó que aunque se le haya dado la libertad absoluta por vencimiento de términos, Ramos De León sigue vinculado al proceso hasta que se determine si es culpable o no del delito de prevaricato por omisión. “Es la falta de herramientas, recurso humano y económico de la Fiscalía lo que no permite a los fiscales desarrollar las etapas del juicio oral penal”.
