Los implicados en las investigaciones que permitieron detectar irregularidades en el manejo de los millonarios recursos económicos del Plan de Alimentación Escolar PAE en Cartagena de Indias y que están tras las rejas, pidieron al Juez que lleva el caso rebajarles la millonaria sanción económica para pagar y gozar del beneficio de casa por cárcel.
La audiencia quedó programada para este jueves 11 de abril donde el Juez determinará si es viable la petición que hacen quienes de manera irresponsable se apropiaron de los millonarios recursos destinados a la alimentación de estudiantes de escasos recursos económicos en la Heroica ciudad.
A los capturados Manuel Vicente Duque Vásquez, Germán Arturo Sierra Anaya, David Reinaldo Camacho Benítez, Mayiris Gómez Ballestas, Sandra Mercado Santoya y Gladys Amanda Muñoz Bravo, se les conminó a pagar una sanción que sobrepasa los 6 mil 700 millones de pesos para cambiarles la detención intramural por domiciliaria.
La mayor sanción pecuniaria fue impuesta al empresario David Reinaldo Camacho Benítez, quien tendrá que pagar $3.124.968.000, Germán Arturo Sierra Anaya $1.953.105.000, Gladys Amanda Muñoz Bravo y Sandra Mercado Santoya cada una deberá pagar $781.242.000, el ex alcalde de Cartagena de Indias Manolo Duque Vásquez $117.186.300, y Mayiris Gómez Ballestas, $15.624.840, estos dos últimos pagaron y gozan del beneficio de detención domiciliaria.
Se les imputaron los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
En la ejecución de varios contratos se hallaron costos superiores a la realidad ejecutada; en primer lugar se compraron insumos superiores por parte del consorcio durante el mes de diciembre de 2016 por $3.873.368.000 cuando los escolares se encontraban en vacaciones desde el 28 de noviembre.
En segundo lugar se realizaron compras de carnes en el período octubre con precios superiores al valor del mercado creando sobreprecios por $537.386.328. Se compró kilo de pechuga de pollo a $40.000 entre otros, causando un detrimento económico de $4.410.754.328 en la ejecución de este contrato, según reportaron las autoridades.
El empresario David Reynaldo Camacho Benítez capturado por el CTI de la Fiscalía y vinculado a una investigación por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar PAE de Cartagena 2016 según las autoridades través de dos empresas, hizo 339 contrataciones en todo el país por un valor de $561.802’950.041 millones.
Las investigaciones permitieron establecer que Camacho Benítez, quien es considerado por las autoridades como el “Zar de la Alimentación” contrató el PAE en 30 municipios de Bolívar, entre los que están: Magangué, Mahates, MaríalaBaja, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur, Simití, Arjona y Cartagena de Indias.
Camacho Benítez, de acuerdo con las autoridades puede ser un riesgo a futuro para seguir contratando debido a la fortaleza que tiene en la región Caribe y al mismo patrón de criminalidad con el que ha operado en otros departamentos del país como es el caso de Santander donde contrató con 44 municipios; en Sucre, donde además de contratar con municipios también lo hizo con la Corporación Autónoma Regional departamental.
Contrató con la alcaldía Mayor de Bogotá y con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo mismo que con Cesar, Atlántico y Magdalena.
“Si este hombre queda con otro tipo de medida, podrían obstruir la justicia alterando documentos, interfiriendo a los testigos y manipulando registros contables”, dijo en su momento el fiscal Germán Peñalosa y agregó que “El mal manejo de los recursos económicos del Plan de Alimentación Escolar PAE 2016 en Cartagena de Indias, es un acto de macrocriminalidad”.
El presidente de la Veeduría a la Rama Judicial Vejuca, Erick Urueta Benavides, dijo que la caución garantiza la indemnización a las víctimas y es lo que ha conceptuado el Juez, pero los procesados tienen derecho al debido proceso y a la defensa. “Ahora lo que ellos tienen que demostrar es que no tienen la capacidad económica para asumir ese monto, situación que deberá entrar a evaluar el Juez y determinar si modifica las sanciones de lo contrario si no cancelan lo estipulado seguiran tras las rejas con sus respectivas consecuencias”.
