Chambacú fue uno de los casos de corrupción más evidentes de los últimos años.
“las personas que deben aspirar a la alcaldía deben tener una condición, como la mía, no deben tener afujías económicas, uno no puede pensar que el alcalde de Cartagena va a llegar a resolver sus problemas económicos en la alcaldía” Fernando Araujo Perdomo.
A propósito de la entrevista que concediò Fernando Araujo Perdomo al director del Noticiero el Vigía donde expresó que “Yo no me robè a Chambacu”, haremos un recuento histórico de los hechos sucedidos alrededor de ese famoso caso de nuestra ciudad,
El señor Araujo Perdomo piensa que así como ha señalado que el gobierno es para los ricos, quizás también creerá que el único delito que existe es el hurto, no, señor Araujo, también existen otros delitos tipificados en el código penal, por ejemplo el artículo 411 de la ley 599 de 2000, que para el caso citado acá se adecuaría típicamente mejor que el hurto, además siguiendo su lógica pensara que el hurto solo lo cometerán los pobres, volvería a equivocarse si es que lo piensa, pues, tenga en cuenta que la corrupción no conoce estrato ni condición económica.
El 30 de noviembre de 1992 el constructor cartagenero Héctor García Romero entregó al INURBE (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana) una propuesta para adquirir la propiedad del terreno. Cinco meses después (14 de mayo de 1993), el entonces Ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, nombró como director del Inurbe a Héctor García Romero, el mismo que le había planteado a la entidad que ahora dirigía, su interés por el lote de Chambacú.
Siendo director del Inurbe, Héctor García Romero, le propuso al alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, su primo hermano, que le cambiaran la destinación de uso del suelo a Chambacú, propuesta que fue aceptada por su primo y avalada por el Concejo de Cartagena que decidió dividir el terreno en una zona de parque y otra de construcciones.
La zona de parque fue cedida por el Inurbe a Cartagena en noviembre de 1993 y la de construcciones se vendió en febrero de 1995 al Consorcio Chambacú de Indias S.A., en el que figuraban como socios Héctor García Romero, el ex embajador Luis Alberto Moreno, Fernando Araújo Perdomo, Alberto Araujo Merlano, Martha Abondano de García; Sergio Espinosa Posada y Rafael Pérez Lequerica, entre otros.
El informe demostró que trámites como la decisión de cambiar la destinación del predio, la apertura de la licitación y el avalúo del lote, estuvo en manos de personas que después resultaron siendo los compradores de Chambacù.
A estos hechos se sumaron otros detalles que demostraron que varios funcionarios del INURBE entre 1993 y 1995 actuaron deliberadamente para favorecer los intereses de la familia Araujo, del ex ministro y embajador en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno y del ex director del INURBE Héctor García Romero y su esposa Martha Abondano de García.
El 4 de marzo de 1999 se escribió en uno de los apartes del editorial de El Espectador que: «Lo que llama la atención de este negocio es que un conjunto de funcionarios oficiales -en los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana- terminaron como dueños del mismo. Es decir, quienes desde el Estado permitieron que el terreno fuera urbanizable, con el paso de los días terminaron ejecutándolos como socios de una empresa particular. Entre las determinaciones adoptadas por los actuales propietarios del terreno, cuando eran funcionarios, figura la liberación del terreno -originalmente previsto para un gran parque-, para que pudiese venderse y destinarse a la construcción». Ese mismo día el periodista Ignacio Gómez, publicó otro informe en el que mostró el rostro humano de la historia, el cual hacía referencia al drama de 35 familias que a través de distintos medios de presión del Estado habían sido desposeídos de sus predios, ubicados en el sector de Papayal, el cual hace parte de Chambacu y cuyos registros catastrales fueron borrados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
El presidente Andrés Pastrana, que había llegado seis meses atrás al gobierno denunciando la corrupción de su antecesor Ernesto Samper, tenía como ministro de Desarrollo Económico a Fernando Araujo Perdono, quien había avaluado el terreno que él mismo compraría después, y su socio el entonces embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, había sido ministro de desarrollo en un gobierno anterior (el de César Gaviria 1990-1994) y desde esta posición había ordenado la venta en subasta pública del predio.
Aparte de la dificultad para la recolección de documentos, el principal obstáculo de este trabajo periodístico fueron las presiones sobre el periodista Ignacio Gómez de parte de los dirigentes políticos implicados.
Durante el debate en el Congreso el reportero fue objeto de acusaciones y hostigamientos públicos, incluso, sobre su vida personal. Sin embargo, las publicaciones y las investigaciones posteriores demostraron que Chambacú fue uno de los casos de corrupción más evidentes de los últimos años.
Un mes después de la publicación del escándalo, Fernando Araujo Perdomo renunciaría al Ministerio de Desarrollo, pero sólo tres años más tarde la Fiscalía lo vincularía a él y al entonces Superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, a la investigación criminal por el caso.
Un día después de la publicación de El Espectador, 1 de marzo de 1999, el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y el procurador general, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron la apertura de indagaciones penal y disciplinaria sobre los hechos denunciados y la designación de funcionarios para tal fin.
El 2 de marzo el contralor Carlos Ossa Escobar, también anunció la apertura de indagación fiscal por el caso del Banco del Estado, entidad a la que el ministro le adeudaba cerca de 500 millones de pesos.
La Procuraduría inició además investigaciones por presuntas irregularidades en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, CARDIQUE, al parecer los problemas de corrupción en esta entidad vienen de vieja data, autoridad ambiental encargada de otorgar la licencia para la construcción del megaproyecto urbanístico de Chambacú.
El 6 de abril de 1999 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro ex funcionarios del INURBE vinculados al sonado caso de Chambacú. Los llamados a rendir explicación ante el Ministerio Público fueron el ex director general del Inurbe y superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada; Samuel Eduardo Salazar Echeverri, ex director del INURBE y para la época embajador de Colombia en Chile; Rómulo José Arabia Valderrama, ex subgerente especial; y Carlos Ordosgoitia Osorio, ex director regional del INURBE en Bolívar y secretario privado del ministro Fernando Araujo Perdomo.
El procurador Jaime Bernal, dijo que la decisión se tomó porque «se encontraron indicios serios de posibles irregularidades en el proceso de avalúo de Chambacú». También anunció que se abrió investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo Fernando Araujo Perdomo.
La Comisión Sexta del Senado también citó para el martes 13 de abril al ministro de Desarrollo para que explicara sus actuaciones en el caso Chambacú, la urbanización en Montería y el nombramiento de un socio suyo en Chambacú como su representante en la junta directiva.
El 1 de mayo de 1999 El Espectador informó sobre la decisión de la Fiscalía de vincular a varias personas del caso Chambacú a una investigación penal. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a versión libre al secretario privado del Ministerio de Desarrollo, Carlos Ordosgoitia Osorio, y a los primos Héctor García Romero, ex director del INURBE, y Gabriel Antonio García Romero, ex alcalde de Cartagena, quien el día anterior había sido capturado en Bogotá por peculado.
El 12 de agosto de 1999 se produjo la primera crisis ministerial del Gobierno Pastrana y uno de los primeros funcionarios en ser removido de su cargo fue el ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, quien había recibido críticas de distintos sectores políticos para que dimitiera a raíz de los cuestionamientos hechos por la Fiscalía y la Procuraduría producto del escándalo de Chambacú, la urbanización Portal de la Almería en Montería y sus deudas con el Banco del Estado.
El 8 de septiembre se informó que la Fiscalía había llamado a declarar al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, y al ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo por el caso Chambacú y a otras 13 personas por créditos fraudulentos en el Banco del Estado.
Dos meses después, 8 de noviembre de 1999, la Fiscalía decidió que el ex ministro Araujo Perdomo; los ex directores del INURBE: Héctor García, Jorge Gabriel Taboada y Samuel Eduardo Salazar Echeverri; y el ex alcalde de Cartagena, Gabriel García Romero, debían responder penalmente por posibles irregularidades en Chambacú.
El miércoles 14 de junio de 2000 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el ex ministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, por el caso de la urbanización Portal de la Almería en Montería, pero le concedió el beneficio de libertad condicional previo el pago de una caución de tres salarios mínimos legales mensuales (780 mil pesos).
Tres meses después, el 28 de septiembre de 1999, se dictó auto inhibitorio a favor del embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, por Chambacú. Pero se continuó con la investigación en contra de Araujo Perdomo, Taboada, García Romero, Salazar y Ordosgoitia.
El proceso penal contra los implicados en el caso Chambacú siguió su curso y el 5 de junio de 2002 la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Fiscalía que llamara a juicio penal por el delito de falsedad ideológica en documento público al Superintendente de Valores, Jorge Gabriel Taboada, quien se vio obligado a renunciar al día siguiente, a raíz de los cuestionamientos hechos por su participación en el negocio de Chambacú, cuando se desempeñaba como director general del INURBE.
El 4 de diciembre de 2000 el ex ministro Araujo Perdomo fue secuestrado por un grupo armado que lo interceptó en el exclusivo sector de Bocagrande en Cartagena, Se cree que el secuestro sea obra del Frente Caribe de las FARC, pero esa organización guerrillera inicialmente no confirmò las versiones de los organismos de inteligencia e investigación del Estado, sería bueno aprovechar que ahora están confesando ante la JEP para saber la verdad de este secuestro, que a los cartageneros nos ha dejado muchos cuestionamientos, como por ejemplo es muy curioso que el señor Araujo Perdomo se haya “escapado” justo después que haya prescrito la acción penal en su contra en este proceso, eso es muy llamativo, pero, más llamativo aùn es que en 2008 fue nombrado canciller en el gobierno de Álvaro Uribe Vèlez, como una “mención honorifica por los buenos servicios” prestados a la Nación.
Señor Araujo, el problema no es la entrevista, tampoco lo que dijo, porque eso le brotò del alma, y uno debe ser consecuente con lo que piensa, tampoco se victimice creando enemigos imaginarios que le ayuden a salir de este atolladero en que lo metió su sinceridad, su problema es que los Cartageneros tenemos memoria.
