A finales de enero de este año se anunció el traslado de la Cárcel San Diego de Cartagena hacia un predio ubicado en cercanías al municipio de Turbaco, Bolívar, esto a raíz del riesgo inminente que representa la vieja edificación donde actualmente funciona y a la cual no se le hace mantenimiento hace más de cinco décadas.
Se argumentaron condiciones infrahumanas y se dio por parte del INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC el visto bueno para el traslado hacia ese inmueble donde funcionaría inicialmente un hotel. Obviamente habría que hacerle algunas modificaciones a ese predio por razones de seguridad y se tomaría en arriendo con opción de compra.
El tema quedó en tramites pero el desprendimiento de una parte del techo de la cárcel San Diego de Cartagena de Indias por segunda vez se convirtió en el detonante para que las autoridades comenzaran a agilizar de manera prioritaria el traslado de la cárcel de mujeres que también se ha venido postergado por años.
Como paliativo y ante un eventual colapso de la vieja estructura, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Tomas Pereira Caballero solicitó oficialmente a la Ministra de Justicia, Margarita Cabello y al director general INPEC, BG. Willian Ruíz, el traslado urgente de las 40 internas que ya fueron condenadas por la justicia colombiana y que por ley ya no debería estar en la cárcel de San Diego y en efecto comenzó el proceso de manera lenta.
“La cárcel de San Diego debe recluir mujeres sindicadas e investigadas, no condenadas porque estas son responsabilidad del INPEC”, dijo el Alcalde Pereira Caballero.
El centro penitenciario para mujeres tiene desprendimientos de techo, agrietamiento de paredes y fracturas en varias columnas y vigas, situación que ya advirtió la Personería Distrital.
Ante el riesgo que se presenta, la Procuraduría Provincial pidió al alcalde Pedrito Pereira Caballero la reubicación urgente e inmediata del personal de la cárcel de mujeres de San Diego pero por tramitología no se ha podido cumplir.
La decisión final está prácticamente en manos del alcalde de Turbaco Antonio Víctor Alcalá quien está en mora de hacer un pronunciamiento sobre la viabilidad urbanística para el traslado de las reclusas a un predio de su jurisdicción.
El edificio que funcionaría como cárcel, consta de cuatro pisos con veintiocho habitaciones en cada uno de ellos.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado ante el Tribunal Superior de Cartagena, evacuar el centro penitenciario o en su defecto adoptar de manera inmediata medidas que salvaguarden los derechos de las internas.
«La Secretaría del Interior ya cuenta con la minuta de intención de arriendo y con los estudios previos para proceder con los términos legales de contratación. Necesitamos una respuesta urgente de la Alcaldía de Turbaco, no podemos seguir desgastándonos en ese punto, cuando ya están todas las condiciones para avanzar», conceptuó el secretario del Interior, José Carlos Puello.
Surge un nuevo impase y es que las comunidades de la zona conocida como “Llave de Oro” se sienten afectadas con este traslado y aseguran que la infraestructura no está adecuada para un centro penitenciario.
