El abogado Jaime Luis Banquez Cortes, en representación de la familia Girado en Barú, ha levantado la voz contra lo que describe como una serie de irregularidades en un proceso policivo de querella de amparo a la posesión de unos terrenos ubicados en ese corregimiento Sector Punta Seca.
La disputa se centra en la tenencia de la tierra que la familia Girado ha ocupado de manera ancestral y la Sociedad Inmobiliaria Barú SAS es la principal contendiente que busca arrebatarles dicha posesión.
Según Banquez Cortes, el inspector de Pasacaballos, Fernán Pérez Saravia, ha tomado decisiones irregulares a lo largo del proceso, las cuales han sido objeto de recurso de ley. La familia Girado incluso ha presentado una denuncia penal contra Pérez Saravia por prevaricato por acción, argumentando que sus acciones están fuera del ordenamiento jurídico.
Recientemente un recurso de reposición fue resuelto de manera irregular por la Inspección, sin convocar a una audiencia, mientras que la segunda instancia está pendiente de pronunciamiento por parte de la Secretaría del Interior de Cartagena.
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La controversia se intensifica con las acusaciones de la familia Girado de que la sociedad querellante ha presentado testimonios falsos para respaldar su reclamación sobre la propiedad.
“La sociedad querellante llevó tres testigos al proceso para acreditar esa posesión y los tres señalaron a una persona diferente como la propietaria o la dueña de la misma sociedad. Resulta que cuando se presentó el recurso de reposición contra la decisión se advirtió de este grave error al despacho y al descorrer el recurso, el abogado de la Sociedad indicó como un argumento solamente, que esa otra persona que señalaban como dueña, era socia de la Sociedad Inmobiliaria y con este único argumento el Inspector Fernán Pérez, mantuvo su decisión siendo que los jueces y los inspectores que administran justicia deben decidir con base en las pruebas que son ordenadas, practicadas en el proceso y no hay una sola prueba en el proceso que demuestre que el señor Gabriel Echeverría es socio de la Sociedad Inmobiliaria Barú SAS y es que para demostrar la condición de accionista en una SAS es necesario el certificado del contador o del revisor fiscal y esta prueba no está en el proceso pero el Inspector decidió mantener esa decisión”, explicó el abogado Banquez.
El Jurista reitera que, a pesar de la falta de pruebas sólidas que respalden la afirmación de la mencionada Sociedad, el Inspector ha mantenido su decisión, lo que ha exacerbado la indignación tanto de la familia como de los nativos de la región.
Esta indignación ha llevado a una acción simbólica por parte de los nativos, quienes se encadenaron en protesta, buscando llamar la atención de las autoridades locales y nacionales sobre lo que consideran una actuación indignante e ilegal por parte de la Inspección de Policía.
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La situación se complica aún más con las denuncias de que la Sociedad Inmobiliaria Barú SAS ha adquirido propiedades colindantes a las tierras de la Familia Girado, supuestamente con la ayuda de algunos concejales y funcionarios públicos de Cartagena de Indias y que el Inspector estaría recibiendo órdenes directas para favorecer a la sociedad.
La familia insiste en que son los legítimos dueños de estas tierras, y están dispuestos a utilizar todos los recursos legales disponibles para demostrarlo.
El conflicto ha llevado incluso a amenazas de muerte contra los Girado y otras personas. A medida que el proceso legal continúa, queda claro que el caso destaca la necesidad de un mayor control sobre los inspectores de Policía para evitar errores graves como los que se han observado en este caso específico y ese es un llamado que hace la familia Girado que desafía a poderosa Sociedad Inmobiliaria en batalla legal por su legado histórico.
