Una grave denuncia ha sido radicada nuevamente en la Fiscalía General de la Nación, implicando a funcionarios de la Secretaría del Interior de Cartagena de Indias en presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
La denuncia pone en el centro de la controversia a Claudia Patricia Quintero Otero, una abogada de la mencionada secretaría, y al inspector de policía de Pasacaballos, Fernán Pérez Saravia.
El conflicto tiene sus raíces en una disputa de tierras entre la familia Girado, nativos de la Isla de Barú, y el empresario Gabriel Echavarría Obregón. La controversia se centra en un lote de terreno ubicado en Punta Seca, Playa Blanca, cuya posesión ha sido reconocida administrativamente a favor de Echavarría. Este reconocimiento ha generado una fuerte reacción de la comunidad nativa, quienes se consideran los legítimos propietarios del terreno.
El 23 de abril de 2024, mediante el Auto No. 12, el inspector de policía de Pasacaballos decidió no conceder el recurso de reposición solicitado por el abogado Jaime Banquez Cortes, representante de la familia Girado. En consecuencia, se ratificó la resolución del 27 de diciembre de 2023, que reconocía la posesión del terreno a la Sociedad Inmobiliaria Barú SAS, en liquidación, de la cual Gabriel Echavarría es el mayor accionista.
La denuncia presentada alega que Claudia Patricia Quintero Otero, encargada de resolver las segundas instancias de conflictos policiales en Cartagena de Indias, rechazó injustificadamente una recusación contra el inspector Pérez Saravia. Se argumenta que dicha recusación debería haber sido aceptada debido a un evidente conflicto de intereses, ya que todas las decisiones favorecen consistentemente a Echavarría.
En respuesta a estas decisiones, miembros de la familia Girado se encadenaron en la puerta de la inspección de policía de Pasacaballos como acto de protesta. La comunidad local teme que estas acciones reflejen una corrupción sistémica dentro de la Secretaría del Interior, donde la justicia administrativa se utiliza indebidamente para expedir resoluciones espurias.
La denuncia urge la intervención de la Presidencia y la Fiscalía General de la Nación antes de que ocurra una tragedia en Cartagena. Los denunciantes subrayan la falta de garantías para los nativos y los campesinos dueños de tierras, quienes se sienten desprotegidos ante el poder y la influencia de grandes empresarios.
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Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por la integridad del sistema de justicia administrativa en Cartagena y la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la justicia en la resolución de conflictos de tierras. La comunidad espera respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades competentes para restaurar la confianza en las instituciones locales.
