La columna publicada en www.724noticias.com.co, titulada “¿Gobierna Dumek Turbay para los cartageneros o para los clanes que manejan los contratos públicos desde las sombras?”, no es un simple artículo de opinión. Es un CAMPANAZO que debería estar SACUDIENDO los escritorios de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Contraloría General de la República.
No se trata de una denuncia ligera, sino de un documento TÉCNICO, PRECISO Y CONTUNDENTE, que expone con NOMBRES, FECHAS y CIFRAS un ENTRAMADO ALARMANTE de presunta CORRUPCIÓN en la contratación pública de Cartagena de Indias.
Su autor, el ingeniero ÁLVARO GONZÁLEZ, revela un sistema de licitaciones que, si se comprueba, podría encajar en la definición de un CARTEL DE CONTRATACIÓN. Empresas como INGECOL, DINACOL y GRUPO OBINCO, entre otras, aparecen repetidamente en consorcios beneficiados con contratos MULTIMILLONARIOS.
Lo más inquietante: CERTIFICACIONES FALSAS —como una supuesta avalada por ECOPETROL— y COINCIDENCIAS SISTEMÁTICAS entre contratistas e interventores, lo que apunta a una SIMULACIÓN DE COMPETENCIA diseñada para favorecer a los mismos actores de siempre.
El SILENCIO del alcalde DUMEK TURBAY frente a estas revelaciones no es tranquilizador. Mientras se aferra a un discurso de “transformación urbana”, evita responder una pregunta que cada día retumba con más fuerza:
¿Quiénes se están ENRIQUECIENDO con la contratación pública de Cartagena?
En este escenario, los ENTES DE CONTROL tienen la OBLIGACIÓN ÉTICA Y CONSTITUCIONAL de intervenir. No basta con abrir indagaciones de trámite ni emitir comunicados tibios. Cartagena exige RESULTADOS CONCRETOS, SANCIONES EJEMPLARES y una señal clara de que las instituciones están del lado de la ciudadanía, no de los clanes que controlan contratos desde las sombras.
Porque la TRANSPARENCIA no se proclama: SE PRACTICA. Y la OMISIÓN, por acción o inercia, también es una forma de COMPLICIDAD.
Esta columna OPINIÓN | Dumek, ¿gobernar o favorecer clanes?: el costo político de las licitaciones amañadas no solo SACUDE CONCIENCIAS. EXIGE DECISIONES. Su impacto no se mide en “me gusta” o “compartidos”, sino en los EXPEDIENTES QUE DEBE MOVER en los escritorios de quienes juraron DEFENDER LO PÚBLICO y castigar la corrupción.
