En una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre incentivos económicos y sostenibilidad del sistema de salud, la senadora María Angélica Guerra López radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propone una reducción permanente del 50% en la prima del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para determinadas categorías del parque automotor.
La propuesta fue presentada formalmente ante la Secretaría General del Senado de la República, en comunicación dirigida al secretario Diego Alejandro González González, con fecha 25 de febrero de 2025, según consta en el documento radicado .
El proyecto, titulado “Por medio del cual se fortalece la sostenibilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se combate la evasión, se incentiva la formalización, la cultura de pago y se dictan otras disposiciones”, plantea como objeto principal crear un “marco de incentivos económicos y tarifarios” orientado a reducir la evasión y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
En su artículo primero, la iniciativa vincula directamente el pago del SOAT con la estabilidad del financiamiento sanitario, un punto políticamente sensible en un contexto de presión presupuestal sobre el sistema. El texto subraya que el beneficio tarifario se sustentará en el “cumplimiento estricto de la normativa de tránsito”, introduciendo un enfoque de corresponsabilidad ciudadana.
- Reducción del 50%: alcance sectorial
El artículo tercero establece una tarifa diferencial con una reducción permanente del 50% sobre la prima base del SOAT. La medida estaría dirigida exclusivamente a ciertas categorías del parque automotor, definidas según la clasificación técnica del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), especialmente vehículos que cumplen funciones de transporte individual, rural o que constituyen herramientas de trabajo.
La argumentación política detrás de la propuesta apunta a tres frentes:
- Disminuir la evasión estructural del seguro obligatorio.
- Proteger la economía popular, en particular a pequeños transportadores.
- Formalizar vehículos que hoy operan por fuera del sistema asegurador.
Implicaciones políticas y fiscales
Aunque la iniciativa se presenta como un mecanismo de fortalecimiento financiero, su viabilidad dependerá del análisis actuarial y fiscal que se adelante en comisiones. Una reducción permanente del 50% podría tensionar los ingresos del sistema si no se compensa con un aumento sustancial en la base de asegurados o con fuentes alternativas de financiación.
En términos políticos, el proyecto se inserta en una narrativa de apoyo a sectores productivos y de economía informal, un electorado relevante en zonas urbanas periféricas y áreas rurales. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el impacto en las aseguradoras, el equilibrio técnico del riesgo y la sostenibilidad de la cobertura médica derivada de accidentes de tránsito.
La discusión apenas comienza en el trámite legislativo. El debate en comisión permitirá medir el respaldo multipartidista y determinar si la iniciativa se consolida como una reforma estructural al esquema del SOAT o si enfrenta resistencias por su posible efecto fiscal.
En cualquier caso, el proyecto posiciona nuevamente el SOAT como un tema de alto contenido político, donde convergen movilidad, salud pública, formalización económica y responsabilidad ciudadana.
