La Fiscalía General de la Nación judicializó a una funcionaria del sector financiero en el departamento de Caldas señalada de facilitar información confidencial de clientes a una red criminal dedicada a la extorsión desde centros penitenciarios. Se trata de Queila Maryuri Orozco Trujillo, quien trabajaba en una sucursal bancaria en La Dorada y, según las investigaciones, habría sido pieza clave en el funcionamiento de esta estructura ilegal.
De acuerdo con el material probatorio, la mujer presuntamente accedía a datos sensibles de clientes —especialmente de personas que solicitaban créditos— y los compartía con integrantes de la organización delictiva recluidos en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.
Con esta información, los delincuentes suplantaban la identidad de las víctimas, gestionaban créditos a su nombre e identificaban el momento exacto del desembolso. Posteriormente, las personas eran contactadas telefónicamente y sometidas a presiones e intimidaciones para exigirles dinero, en una modalidad conocida como extorsión carcelaria.
Uno de los elementos más contundentes del caso es el registro de más de 670 comunicaciones entre la funcionaria y el presunto cabecilla de la red, quien se encuentra privado de la libertad. Estas interacciones, según la Fiscalía, evidenciarían una coordinación sistemática para seleccionar víctimas y ejecutar las extorsiones.
Por estos hechos, una fiscal especializada imputó a Orozco Trujillo el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. La procesada no aceptó los cargos, y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso.
Este caso pone en evidencia los riesgos asociados al uso indebido de información privilegiada dentro del sistema financiero y la sofisticación de redes criminales que operan incluso desde centros de reclusión. Las autoridades continúan investigando para establecer si hay más personas involucradas y determinar el alcance total de la estructura delictiva.
