«Lo que podemos observar en estas épocas electorales es que la decisión de la Junta en fijar tan alta tasa de interés parece más política que técnica.»
Hablar del Banco de la República en Colombia nunca ha sido un asunto menor. Durante décadas, economistas y analistas hemos defendido su independencia como un principio esencial para garantizar estabilidad económica, control inflacionario y confianza institucional. Su papel no es decorativo ni ideológico: es técnico, estratégico y profundamente determinante para el rumbo económico del país.
No es un banco privado ni una entidad subordinada al vaivén político. La Constitución de 1991 fue clara: el Banco de la República es una entidad pública con autonomía administrativa y técnica, dirigida por una Junta Directiva de siete miembros cuya misión principal es mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación. Esa autonomía fue diseñada precisamente para blindar sus decisiones de presiones políticas y electorales.
Sin embargo, hoy esa independencia —que tanto se ha defendido— parece estar en el centro del debate público.
Si observamos con objetividad los indicadores macroeconómicos recientes, encontramos un país con variables mixtas. Por un lado, existen señales positivas: un relativo control de la inflación, disminución del desempleo y una reducción significativa de la pobreza monetaria que pasó del 42% al 30%. También se han impulsado medidas sociales y laborales como el aumento sostenido del salario mínimo, mejoras en la formalización laboral y avances en indicadores sociales como la reducción de la mortalidad infantil.
Pero la realidad no es monocromática. También hay sombras que afectan la confianza económica: renuncias reiteradas en cargos estratégicos del Gobierno, tropiezos en políticas de seguridad, tensiones fiscales, incertidumbre energética tras la suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos y una persistente crisis en el sistema de salud con escasez de medicamentos. A esto se suma un problema estructural que nunca desaparece: la corrupción y la baja ejecución en proyectos públicos.
Ese contexto —complejo y contradictorio— es el escenario en el cual el Banco de la República decidió aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola al 11,25%. Una decisión que no solo impacta el crédito, la inversión y el consumo, sino que también encendió un abierto enfrentamiento entre el Gobierno y la autoridad monetaria.
Y aquí surge la pregunta incómoda. En un país en plena dinámica electoral, ¿puede una decisión monetaria de este calibre desligarse completamente del contexto político? ¿O estamos frente a una determinación que, más allá de los argumentos técnicos, también responde a intereses ideológicos?
Es un secreto a voces que varios integrantes de la Junta Directiva provienen de sectores políticos tradicionales. Esto, por sí solo, no constituye un delito ni una irregularidad. Pero cuando decisiones que afectan directamente la liquidez del mercado y la dinámica productiva coinciden con coyunturas electorales, el debate público se vuelve inevitable.
La ciudadanía tiene derecho a cuestionar. ¿Está el Banco de la República tomando decisiones exclusivamente basadas en evidencia técnica y modelos macroeconómicos? ¿O está emergiendo, silenciosamente, una forma de poder tecnocrático que influye en la política económica sin someterse al escrutinio democrático? Estas preguntas no deben interpretarse como un ataque institucional, sino como un ejercicio legítimo de vigilancia ciudadana.
El incremento en la tasa de interés no es una cifra abstracta. Se traduce en créditos más costosos, menor inversión empresarial, desaceleración productiva y dificultades para miles de pequeños empresarios, campesinos y familias que dependen del crédito para sostener sus actividades económicas.
Ante este panorama, el Gobierno ha anunciado medidas compensatorias como líneas de crédito subsidiadas para el sector agropecuario y las pequeñas y medianas empresas, así como apoyos a insumos estratégicos como fertilizantes. Estas iniciativas podrían mitigar parcialmente el impacto financiero, pero su eficacia dependerá de la ejecución y del alcance real que tengan en los territorios.
En política —y en economía— nada es permanente. Hoy gobierna Gustavo Petro. Mañana podría hacerlo cualquier otro actor político o cualquier figura emergente del espectro ideológico nacional. La institucionalidad debe estar diseñada para funcionar con independencia de quién ocupe el poder. Por eso, más que una confrontación entre Gobierno y Banco, lo que está en juego es la credibilidad institucional.
El Banco de la República debe recordar que su mayor capital no es financiero, sino moral: la confianza pública. Si esa confianza se erosiona por percepciones de sesgo político, el daño institucional puede ser más profundo que cualquier crisis económica. Tal vez sea oportuno recordar una antigua reflexión atribuida a Confucio: «No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo.» Una regla simple, pero poderosa. Una regla que debería guiar tanto la política como la técnica y sobre todo, una regla que ninguna institución puede darse el lujo de ignorar.
