La contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026 parece haber cruzado umbrales que deberían preocupar a cualquier ciudadano comprometido con la democracia. Lo que debería ser un escenario de confrontación de ideas, propuestas y visiones de país, hoy se desarrolla en medio de un ambiente cada vez más tensionado, marcado por denuncias públicas, temores manifiestos y hechos que generan inquietud en amplios sectores de la opinión pública.
Las recientes denuncias de amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia, así como los reportes sobre situaciones de riesgo que han sido mencionadas públicamente por otras figuras políticas, entre ellas Abelardo de la Espriella, han encendido alertas que no pueden ser ignoradas. A ello se suma el recuerdo aún reciente de hechos violentos que han afectado a actores políticos en el país, como el caso que involucra el nombre de Miguel Uribe Turbay, convertido para muchos en símbolo de una tragedia que exige verdad, justicia y esclarecimiento pleno por parte de las autoridades.
Esta columna no pretende formular acusaciones ni convertir sospechas en afirmaciones. Por el contrario, busca plantear una reflexión necesaria sobre el momento que atraviesa la democracia colombiana y la obligación institucional de garantizar condiciones seguras para todos los actores políticos, sin distinción ideológica.
No se trata de posturas políticas. Se trata de principios fundamentales. La vida, la integridad y la participación política son derechos que no pueden verse condicionados por el miedo ni por las amenazas. Resulta preocupante que, según denuncias públicas conocidas en medios y redes sociales, algunos actores políticos hayan manifestado dificultades para realizar actividades proselitistas en determinadas zonas del país por razones de seguridad. Tales afirmaciones, por su gravedad, deben ser verificadas y atendidas con rigor por las autoridades competentes.
En medio del debate político también han surgido controversias y cuestionamientos dirigidos a distintas figuras públicas, como ha ocurrido en el caso del senador Iván Cepeda Márquez dentro del contexto del debate nacional. En un Estado de derecho, lo responsable no es convertir percepciones o versiones en verdades definitivas, sino exigir que toda denuncia o señalamiento sea investigado con apego estricto a la ley, con garantías para todas las partes y con total transparencia ante la ciudadanía.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente cada hecho individual, sino el ambiente que parece configurarse: un país donde algunos líderes políticos expresan temor por su seguridad, donde la polarización se intensifica y donde el adversario político corre el riesgo de ser percibido como enemigo.
La historia colombiana demuestra que ese tipo de escenarios han precedido etapas dolorosas marcadas por la violencia política, el silenciamiento de voces y la ruptura del debate democrático. Recordar esos episodios no implica exagerar la realidad, sino advertir sobre los riesgos de repetir errores que ya han tenido consecuencias devastadoras.
Por ello, este no es un mensaje alarmista, sino un llamado a la prudencia y a la responsabilidad colectiva. A quienes ejercen el poder, a quienes aspiran a él y a quienes participan del debate público: corresponde garantizar que la confrontación política se mantenga dentro de los límites del respeto, la legalidad y la protección de la vida.
No existe causa política que justifique la amenaza, la intimidación o la violencia. La democracia se fortalece cuando se protege la diferencia y se debilita cuando el miedo ocupa el lugar del argumento. Colombia merece un debate firme, pero seguro. Intenso, pero respetuoso. Un país donde las ideas se enfrenten en las urnas y no en escenarios de riesgo. Porque cuando la democracia es intimidada, pierde legitimidad y cuando la política se contamina de violencia, pierde el país entero. Aún estamos a tiempo de evitar que la historia vuelva a repetirse.
