El cuerpo de la menor fue hallado en una zona boscosa con múltiples heridas de arma cortopunzante y signos de abuso sexual. El acusado no aceptó los cargos y deberá permanecer en centro carcelario.
Un crimen que ha causado profunda indignación en el departamento del Chocó avanza en el proceso judicial. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Yamil Fernando Rodríguez Rivera, señalado como presunto responsable del abuso sexual y posterior asesinato de una niña de 11 años en zona rural del municipio de Carmen del Darién.
Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2024, cuando la menor salió en la mañana de su vivienda con destino a su institución educativa. Sin embargo, nunca llegó a clases. Horas después, directivos del plantel educativo alertaron a la familia sobre su ausencia, lo que llevó a reportar su desaparición y activar de inmediato los protocolos de búsqueda.
Durante las labores de localización, las autoridades encontraron en el trayecto habitual de la menor un accesorio que utilizaba para sujetar su cabello. Este hallazgo encendió las alarmas y permitió orientar el rastreo en la zona.
Posteriormente, en una zona boscosa del municipio, fue hallado el cuerpo sin vida de la niña, envuelto en un toldillo y junto a un poncho. De acuerdo con la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la menor presentaba heridas con arma cortopunzante en la espalda, el tórax y las extremidades, además de signos de abuso sexual y sometimiento.
Las investigaciones adelantadas por la policía judicial permitieron establecer que el hoy procesado habría interceptado a la menor en el trayecto que utilizaba diariamente para dirigirse a estudiar. Elementos encontrados en el lugar donde fue hallado el cuerpo, que presuntamente serían de su propiedad, así como testimonios de habitantes del sector que afirmaron haberlo visto portándolos, fueron clave para vincularlo al caso.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Chocó imputó a Rodríguez Rivera los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado, considerados entre los más graves en la legislación penal colombiana. El procesado no aceptó los cargos, sin embargo, un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, donde ciudadanos y líderes sociales han exigido justicia y mayores medidas de protección para los menores, especialmente en zonas rurales donde deben recorrer largas distancias para asistir a clases.
