La crisis del agua en Cartagena ha llevado al alcalde Dumek Turbay a plantear una medida que, aunque genera aplausos en algunos sectores, también despierta profundas preocupaciones: la posibilidad de que el Distrito asuma directamente la operación del sistema de acueducto y alcantarillado mediante una empresa pública.
La propuesta surge en medio del descontento ciudadano por los racionamientos y las fallas en el suministro. Sin embargo, más allá de la coyuntura, la ciudad está obligada a hacerse una pregunta fundamental: ¿está realmente preparada la administración distrital para asumir una operación tan compleja sin poner en riesgo la continuidad y calidad del servicio?
Administrar un sistema de acueducto no consiste únicamente en abrir y cerrar válvulas. Se trata de una infraestructura técnica gigantesca que exige personal altamente especializado, laboratorios de calidad, capacidad financiera para inversiones multimillonarias, atención permanente de emergencias y una planeación que debe proyectarse a décadas.
La experiencia demuestra que muchas empresas públicas de servicios en Colombia han enfrentado dificultades por razones que van desde la falta de recursos hasta la interferencia política en la toma de decisiones. Por eso resulta legítimo preguntarse: ¿cuál es el modelo técnico, financiero y administrativo que garantizará que una nueva empresa pública no termine enfrentando los mismos problemas que hoy se le atribuyen al operador privado?
La discusión tampoco debería centrarse únicamente en quién opera el sistema, sino en quién garantiza resultados. Los cartageneros no están interesados en una disputa societaria ni en una batalla jurídica; quieren que el agua llegue a sus hogares todos los días, con calidad y sin interrupciones.
Otro interrogante que merece una respuesta clara es si el Distrito cuenta actualmente con la capacidad institucional para asumir una transición de esta magnitud. Cambiar el modelo operativo de un servicio esencial no es una decisión que pueda ejecutarse mediante discursos o anuncios políticos a la ligera. Requiere estudios técnicos, respaldo financiero, planes de contingencia y una hoja de ruta perfectamente estructurada.
La crisis actual puede ser la oportunidad para replantear el futuro del servicio de agua en Cartagena, pero también puede convertirse en un salto al vacío si las decisiones se toman bajo la presión del momento.
Porque al final, más allá de las responsabilidades que puedan recaer sobre Veolia o Aguas de Cartagena, la pregunta que debe responderse antes de cualquier cambio es sencilla pero determinante: si hoy existen problemas en la prestación del servicio, qué garantías tiene la ciudad de que una operación completamente pública será mejor y no terminará agravando una situación que ya tiene a miles de ciudadanos afectados.
Cartagena necesita soluciones sostenibles, no experimentos. Y cuando se trata del agua, el recurso más importante para cualquier ciudad, la improvisación nunca debería ser una opción.
