En horas de la mañana de este lunes 19 de febrero se entregaron en el Bunker de la Fiscalía General de la Nación ubicado en el barrio Crespo de Cartagena, Olga Lucía Pérez Gutiérrez, Flor Elena Pérez Gutiérrez, Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, quienes hacen parte del núcleo familiar del Concejal Américo Mendoza Quessep y sobre quienes pesaba una orden de captura por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
En el grupo falta por entregarse Patricia del Carmen Árnedo, quien se desempeñaba como representante legal de la Fundación Prociencia, creada por el Concejal de Cartagena Mendoza Quessep, para contratar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en el 2015.
El núcleo familiar del concejal Américo Mendoza Quessep, quien también afronta un proceso jurídico por delitos contra la administración pública y en espera de la medida de aseguramiento, será enviado a la cárcel en cumplimiento a la medida de aseguramiento intramural, proferida por un Juez.
En el 2016, La Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar, presentó a estas cinco personas capturadas, ante una juez de Control de Garantías de Cartagena, quien en primera instancia acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, para sustentar que los recursos del ICBF no eran dineros públicos, y logró que negaran las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía.
Según las investigaciones deberán responder por la presunta apropiación de recursos del ICBF para la atención integral a 3 mil 744 beneficiarios entre niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.
Los hechos se refieren a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014 por valor de $7.818’524.064, suscrito entre el ICBF y la Fundación Prociencia.
Tras las labores desplegadas por el equipo de policía judicial, se pudo develar que los dueños de las empresas fachadas era la misma familia del concejal Américo Mendoza Quessep, quienes se habrían apropiado de una cuantía aproximada a los $1.566.650, mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades.
Se advirtió que las empresas Distrimarket MYM SAS y Minimarket SAS; fueron creadas a nombre de los hijos de la actual tesorera de la fundación, Flor Elena Pérez Gutiérrez, esposa del concejal Mendoza Quessep y que todas funcionaban en su misma casa para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas, refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente eran cobrados al ICBF.
Los implicados quienes ya habían sido capturados el pasado nueve de diciembre de 2016, fueron dejados en libertad porque según la Juez de control de Garantías, Yesenia Bonfante, los recursos del contrato no eran dineros públicos y no encontró méritos para imputar medida de aseguramiento con detención intramural o domiciliaria.
