La minería ilegal, los cultivos ilícitos, las amenazas contra líderes sociales y docentes del sur de Bolívar, al igual que los problemas ambientales, fueron entre otros los temas debatidos durante un consejo de seguridad regional que contó con la presencia de varios ministros, el Fiscal General de la Nación, la cúpula militar y gobernantes de la región.
“Lo que sucede en la Serranía de San Lucas y la necesidad de implementar un plan de acción eficiente para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia a los bolivarenses, es una de las peticiones que hemos hecho al gobierno; será un plan de acción reservado que le traerá al departamento muy buenas cosas. Para nosotros, nuestra responsabilidad es generar en Mompox un centro de gobierno”, dijo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz.
El jefe de los bolivarenses agregó que “La llegada del Fiscal y los altos mandos militares del país, nos dice a las claras que la seguridad en Bolívar y los demás departamentos del Caribe, significa prioridad del nivel central. Especialmente en neutralizar cultivos ilícitos e ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal”.
En el encuentro El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, habló sobre el aumento de los cultivos ilícitos en Bolívar y el departamento de Córdoba. “Desafortunadamente, en Bolívar los cultivos ilícitos han crecido en un 55 % en el último año y en Córdoba más del 70%. Con estas dinámicas de crecimiento, tendremos un problema del tamaño de Tumaco (Nariño) y Norte de Santander”, expresó el Fiscal al tiempo advirtió que se debe luchar contundentemente contra el narcotráfico.
Por su parte el ministro de la Defensa Nacional, Guillermo Botero Nieto, señaló que la articulación de las Fuerzas Militares y la colaboración de la Fiscalía, permitirá que las personas judicializadas por estos delitos reciban sanciones o penas privativas de la libertad frente a los jueces. “El problema es claro: narcotráfico, minería ilegal, abigeato, extorsión y hurto a personas”.
Tanto el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, coincidieron en afirmar que se llegaron a 17 conclusiones entre las que se destacan la articulación de las fuerzas y la colaboración decidida por parte de la Fiscalía para que las personas que sean judicializadas paguen con la totalidad de la condena y sientan el peso de la ley.
