Una investigación del Diario El Espectador publicada este 30 de marzo de 2019, en su portal de noticias, revela el círculo más cercano del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, así como varios de sus financiadores han sido nombrados en cargos públicos o han recibido contratos.
Casi el 50 % de los votantes lo respaldó en la contienda electoral con el apoyo de los más poderosos de la región dice el prestigioso diario capitalino.
De acuerdo con El Espectador, uno de sus promotores fue su primo, el senador Lidio García Turbay, quien controla gran parte del departamento y, pese a estar investigado por nexos con el Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia y haber sido mencionado en el escándalo del cartel de la toga, obtuvo la mayor votación del Partido Liberal en las elecciones al Congreso, donde ocupa una curul desde 2006.
Dice la investigación del periódico que su poderío en Bolívar está en boca de todos, incluso de los mandatarios locales, que le rinden pleitesía.
Pero el senador Lidio García Turbay de acuerdo con El Espectador no fue el único impulsador de Dumek Turbay. También lo fue su fórmula en la Cámara, el exalcalde de Turbaco (Bolívar), Silvio Carrasquilla.
La esposa del congresista, Sandra Ahumada Pereira, aportó $30 millones a la campaña de Turbay a la Gobernación en 2015. El gobernador igualmente recibió la venia del ex senador William Montes, condenado por parapolítica, y de las congresistas Karen Cure y Daira Galvis, esta última ex abogada de Enilce López Romero, empresaria del chance condenada por lavado de activos, homicidio y paramilitarismo. “En opinión de la Fundación Paz y Reconciliación, Turbay Paz fue el candidato de la Gata”, dice El Espectador.
Dumek Turbay Paz, estuvo al frente de la firma Distriseguridad, un establecimiento público encargado de fomentar la seguridad y la convivencia en la ciudad. Además, fue concejal del municipio de El Carmen de Bolívar, gerente del equipo de fútbol de primera división Real Cartagena y dirigió el Instituto de Recreación y Deportes del departamento de Bolívar, entre 2006 y 2015.
La investigación de El Espectador señala que en 2004, el hoy gobernador se casó con la ingeniera industrial Liliana Majana, quien además de ser su pareja y la madre de sus hijos se ha convertido en su aliada política, pues sus padres y su hermano sacaron de sus bolsillos grandes sumas de dinero para financiar la campaña política.
En concreto, su suegro, Farid Majana Coneo, aportó casi $80 millones y su cuñado, Luis “Tuto” Majana Pupo, $35 millones. Además de ser familiares por afinidad, “Tuto” Majana y Dumek Turbay son grandes amigos y nadie duda en Cartagena que se trata de una de las personas más influyentes en su administración, sin que ocupe cargo público.
Sobre esta relación, el veedor de la ciudad, William Dau afirmó públicamente que Turbay y su cuñado son además vecinos en el complejo urbanístico Barcelona de Indias, y que “Tuto” Majana llega todos los días a las seis de la mañana a casa del gobernador a debatir la agenda del día.
El veedor Dau añadió en su denuncia que Majana está detrás de varios contratistas y que cede contratos a personas de confianza. Pero Majana no figura en papeles que lo vinculen.
El Espectador consultó a Turbay y a Majana, pero ambos se negaron a responder el cuestionario. Lo cierto es que Armando Rojas Olmos, suegro de Majana, fue nombrado tesorero de Bolívar en enero de 2016, como lo denunció Dau.
Un año después, Rojas cambió de puesto y asumió como director técnico de la Secretaría de Movilidad, y la Tesorería del departamento quedó en manos de otra conocida de los Majana: Lauren Milena Moreno Erazo.
Esta ingeniera industrial es una de las mejores amigas de Liliana Majana, tanto que la nombró madrina de su hija. Además, aportó $30 millones a la campaña del Gobernador, al igual que su esposo, Juan Aníbal de León, quien aportó $32 millones.
Dice la investigación de El Espectador que otra de las mejores amigas de la primera dama es la odontóloga Yaneth Narváez Carrasquilla, quien aportó $13 millones a la campaña de Turbay. Su esposo, el ingeniero Víctor Arango Pérez, fue director de seguridad y convivencia de la Gobernación en la administración, luego de trabajar por más de veinte años en la Armada.
En octubre de 2017 se posesionó como director de Distriseguridad, cargo al que renunció a finales del año pasado por haberse tomado una selfie con Liliana Campos Puello, alias “La Madame”. Esa imagen fue reprochada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, pues el funcionario público posó con una procesada señalada de liderar una red de proxenetismo en Cartagena.
Sin embargo, las amigas de Liliana Majana no son las únicas financiadoras electorales a las que les ha ido bien en la administración de Turbay. La comerciante Sandra Milena Ahumada Pereira, esposa del representante a la Cámara Silvio Carrasquilla, ha recibido seis contratos después de aportar dinero en la contienda electoral.
Los negocios con la Gobernación de Bolívar, que suman aproximadamente $125 millones y han sido firmados entre 2016 y 2018, se han pactado en su mayoría para la prestación de servicios profesionales en dependencias como las secretarías de Educación, del Interior y de apoyo a las víctimas.
Las invitaciones para participar como contratista en esas convocatorias le llegaron a Ahumada directamente a su casa en el conjunto Barcelona de Indias. El último contrato, publicado en la plataforma del Secop, fue firmado en septiembre de 2018, por una duración de tres meses y un valor de $15 millones. En esa ocasión, la esposa de Carrasquilla fue contratada para el desarrollo de las actividades de la Secretaría del Interior, en especial las relacionadas con la implementación del Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar. A la par de estos contratos, Sandra Ahumada, sobrina del liberal turbaquero, ex secretario de educación y ex secretario del interior departamental, Iván Ahumada Marrugo, hoy está dedicada a un almacén de ropa y accesorios y, por supuesto, a su empresa.
Revela El Espectador que al igual que Ahumada, el ingeniero mecánico Francisco Badrán Acuña, hijo del ex diputado liberal y ex gerente de la Lotería de Bolivar, Nicolás Badrán Castro (QEPD), gran amigo de William Montes, por la política y por la afición a los gallos donó $33 millones a la campaña de Dumek Turbay Paz y pasó de ser financiador a contratista. Su empresa, Soluciones Energéticas Ingeniería SAS, logró quedarse con un contrato de $200 millones por el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Gobernación de Bolívar durante seis meses.
Según los documentos del contrato en la plataforma Secop, el 15 de mayo de 2017 se abrió públicamente el proceso de contratación, que cerró cuatro días después con un solo proponente: Soluciones Energéticas Ingeniería SAS, al que le adjudicaron el contrato.
Sobre el tema, la Misión de Observación Electoral recordó que el otorgamiento de contratos a empresas y personas financiadoras de campañas no es delito mientras se cumpla con los topes y criterios definidos en la ley. Sin embargo, la misma investigación demostró que en el 65 % de los contratos se usan modalidades que favorecen a un solo proponente.
Si bien la MOE aclaró en el citado informe que no busca satanizar la financiación privada en materia electoral, Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y transparencia de la organización, afirmó a El Espectador, sin referirse a un caso específico, que sí ve con preocupación “que algunos candidatos usen los cargos de elección popular como un banco para saciar sus necesidades personales y lucrarse del erario. No hay preparación ética y moral que permita realmente a los funcionarios hacer un uso correcto de la administración en pro de la ciudadanía”.
Por su parte, Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar (grupo de ciudadanos que vigilan la contratación pública de Cartagena), explicó que la organización identificó que durante 2018 el 94% de la contratación que hizo la Gobernación de Bolívar se dio de manera directa, lo cual muestra la necesidad de que se den procesos más abiertos con mayores garantías de transparencia en la inversión de los recursos públicos. “El caso de Sandra Ahumada Pereira es particular, porque desde 2016 ha recibido seis contratos en la Gobernación y es la misma persona que aportó $95 millones a la campaña del congresista Silvio Carrasquilla en 2018, según el aplicativo Cuentas Claras.
“En el caso de Francisco Badrán observamos que fue único proponente en un proceso de selección abreviada. Desde el programa Vigila Cartagena, de Funcicar, hemos recomendado a la Gobernación aumentar su pluralidad de oferentes, debido a que el 41% de los procesos solo tiene un oferente y el 29 %, dos”, concluyó Calderón.
Entre tanto, las organizaciones de control ciudadano piden a las autoridades electorales fortalecer su capacidad para controlar y vigilar la financiación de las campañas en este año electoral, pues se quejan de que no hay herramientas reales para conocer la totalidad del dinero que se mueve en las contiendas y su posterior injerencia en la contratación pública.
