Ignorar lo evidente es una conducta soberbia e inadmisible, sobre todo si con ella se contraría el orden constitucional, engañando a instituciones y ciudadanos, violando así la ley en su nombre.
Pasa con Edurbe que insiste en la perversidad de imponer su intervención y disposición del ecosistema protegido, aferrados a una ley inexistente, como lo ratificó la Corte Constitucional en la sentencia C-408 de septiembre de 2019.
Transformar el territorio público en privado fue una facultad de la ley 62 de 1937, norma de gradación local en su momento usada para ordenar el territorio, limpiar, terraplenar, legalizar y vender lotes. También para rellenar el caño de San Anastasio y la Matuna, juntando Getsemaní con el Centro Histórico.
Ante esa ley preconstitucional de hace 82 años, dice la Corte, que “hay que reconocer que agotó su cometido con su ejecución y pertenece a esa clase de leyes que queda como cuerpo muerto una vez se le ha dado cumplimiento. En realidad, -sentencia- es una referencia de carácter histórico, un espectro normativo”.
Los administradores de la época no lo vieron así y, vivos que fueron, en 1981, 44 años después, crean Edurbe “en cumplimiento de la ley 62 del 37”, haciéndole un esquive al código de Recursos Naturales -decreto ley 2811 de 1974- que con el artículo 83 comenzó a poner orden en el uso de territorio y declaró imprescriptible e inalienable la ronda hídrica y la zona de bajamar.
Legalmente el código eliminó el inconstitucional angostamiento de caños, lagunas y ciénagas, el abatimiento de los manglares y la venta de los bienes de uso público, que es lo que ha hecho Edurbe usando, además de la ley, el abusivo decreto 007/84 que extendió el área de competencia hasta el anillo vial en la ciénaga de la Virgen.
La Corte no declaró la evidente inconstitucionalidad de rellenar y escriturar las zonas de manglar porque, agotado el objeto de la ley de 1937, no es viable fallar sobre una norma “preconstitucional” que no existe. Incompetente para pronunciarse de fondo y por la carencia actual de objeto se declaró inhibida.
No hay vuelta atrás. No existe significa el fin del cheque en blanco para vender lo público o sentirse señor o administrador de los caños y lagos, para hablar de los lotes de Edurbe o proyectar la Quinta Avenida y ser actor de la APP. También significa revisar lo vendido sin soporte legal. ¡Agotó su objeto! ¿Cuándo? No lo dice la Corte.
Si tal como sentencia la Corte Suprema de Justicia (SC 1727/16) no hay cosa juzgada o en firme cuando se afecta un bien imprescriptible, el Distrito tendrá que inventariar y explicar a la Procuraduría quiénes son los beneficiarios- afectados, y el destino de lo recibido por el ejercicio de una ley inexistente. Obvio, igual que las otras las ventas en el Anillo Vial tampoco han salido del patrimonio del Estado.
