En momentos en que el Gobierno Nacional plantea pasar del aislamiento preventivo obligatorio, a un aislamiento “inteligente” que consiste en un regreso paulatino de la población trabajadora con el objetivo de activar la economía, surge entonces la pregunta sobre la conveniencia o no de esta decisión.
La médica y epidemióloga @Zulma Cucunubá en su cuenta de Twitter ha explicado que con el aislamiento preventivo obligatorio lo que se ha logrado es posponer el pico de pacientes, es decir, se ha ganado tiempo para que el sistema de salud amplíe la capacidad instalada en términos del número de camas en cuidados intensivos, entrenar al personal sanitario y hacer entrega de elementos de protección personal. Es decir, fortalecer el sistema de salud para atender a los pacientes COVID-19 una vez se levante el aislamiento en el que nos encontramos.
Como estamos a pocos días de pasar a lo que el Gobierno Nacional denomina “aislamiento inteligente”, veamos los avances del sistema de salud en relación con las proyecciones del Instituto Nacional de Salud.
Se espera que en el mejor de los casos el pico de pacientes sea de 613.037, de los cuales es probable que entre 36.782 y 122.607 requieran atención en Unidades de Cuidados Intensivos.
De acuerdo con el tablero de control del Ministerio de Salud y Protección Social al 20 de abril, el país cuenta con 3.281 camas de cuidados intermedios y 5.374 a camas de cuidados intensivos y se están adecuando camas hospitalarias hasta alcanzar 15.000. Según estas cifras, una vez se levante el aislamiento se acelerará el número de casos y de acuerdo con la proyección, el número de camas de cuidados intensivos será insuficiente para atender a todos los pacientes.
Además, desde el inicio del aislamiento, los trabajadores sanitarios que incluyen el personal asistencial (profesionales, auxiliares y técnicos), el personal administrativo y el personal de apoyo (servicios generales, vigilancia y conductores de ambulancias) vienen solicitando la entrega de elementos de protección personal (EPP).
Pese a que el Gobierno Nacional ha expedido diferentes decretos y ordenado a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) la entrega de estos implementos a los trabajadores, al día de la publicación de esta nota muchos trabajadores sanitarios aún no los tienen.
El Gobierno también ha indicado que las instituciones de salud son responsables junto con las ARL de hacer entrega de estos EPP, sin embargo, los hospitales han solicitado ordenar a las Empresas Aseguradoras en Salud -EPS- la cancelación de los dineros porque no cuentan con recursos. Mientras tanto los profesionales se exponen a diario al virus al atender a los pacientes COVID-19 positivos, poniendo su salud y su vida en riesgo,
A la no entrega de elementos de protección personal se suma el no pago de salarios a los trabajadores sanitarios de hasta dos años, como ocurre en el departamento del Chocó, y en todos los departamentos del país.
Esto desde la implementación de la Ley 100 en diciembre de 1993 que privatizó el sistema de salud, teniendo como efecto en los trabajadores de salud el establecimiento de contratos laborales caracterizados por bajos salarios y precarias condiciones laborales.
No obstante que en Colombia se prohíbe el contrato tercerizado del personal misional, las instituciones de salud mantienen la contratación de cerca del 85% de los trabajadores bajo esta figura.
Pese a que los trabajadores sanitarios le han solicitado al Gobierno Nacional dar solución a los problemas descritos, estas no han sido escuchadas evidenciando la no voluntad política para dar respuesta a una problemática histórica en el sector.
Mientras no se garanticen las condiciones de protección personal, el pago de los salarios atrasados, el establecimiento de un régimen especial laboral y el pago de las EPS a las instituciones de salud no se podrá pensar en “aislamiento inteligente”.
- Edilma M. Suárez: Presidenta de la Seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, enfermera, docente universitaria, magister en administración en salud, magister en estudios políticos, especialista en bioética y doctora en ciencias sociales y humanas.
