Por irregularidades en la contratación de más de 17 mil millones de pesos en obras de relimpia de caños, arroyos y reservorios en 20 municipios ubicados a orillas del Canal del Dique, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director de la Corporación Autónoma del Canal del Dique, Cardique, Olaff Puello Castillo.
La decisión cobija también a la exsubdirectora de planeación de esa Corporación, Katerine Martelo Fernández, quien fue inhabilitada por 16 años.
En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que hubo fraccionamiento y cartelización en la firma de los contratos, pues fueron suscritos 135 mediante la modalidad de selección abreviada con el mismo objeto y actividades a ejecutar, sin tener en consideración que a través de un proceso de licitación pública se habría podido desarrollar con austeridad, eficiencia, transparencia y responsabilidad la escogencia de uno o varios contratistas.
La investigación que inició en 2018 fue producto de la operación «Bolsillos de Cristal» de la Fiscalía General de la Nación, que tras un seguimiento a las obras detectó las irregularidades.
La decisión disciplinaria fue leída en la mañana de este viernes en audiencia de lectura de fallo por parte del Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal Camilo Orrego.
La Procuraduría señaló que las deficiencias en la planeación permitieron una cartelización en la firma de los contratos, pues “beneficiaron en forma directa e irregular a la red de contratistas que contrató con Cardique, dándoles la posibilidad, en el marco de los negocios jurídicos celebrados, de reducir sus costos económicos a través maniobras que van en contravía de la normatividad vigente, verbigracia, reducir el amparo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual al 5% del valor del contrato, cuando por norma correspondían 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para de esta forma disminuir el precio a pagar por concepto de prima a la aseguradora”.
La Procuraduría señaló, además, que esa red de contratistas se conectaba “a través de la figura del director o residente de obra, factor de ponderación propuesto y sostenido por Cardique a lo largo de los 135 procesos de selección, y que a la larga favorecía a este grupo de personas naturales y jurídicas”.
El Ministerio Público encontró que en los 135 contratos figuraba un mismo topógrafo, lo que se constituyó en una prueba más de la interrelación existente entre los diferentes contratistas, pues todos y de manera común, compartían a un mismo miembro del equipo de trabajo.
Adicionalmente, para firmar los contratos se fijaron requisitos habilitantes que impidieron la selección de ofertas más favorables para los intereses de la entidad, toda vez que las condiciones de experiencia mínimas requeridas para participar fueron desproporcionadas.
Para el órgano de control, las irregularidades presentadas en los procesos de selección ocasionaron el incumplimiento de los fines de la contratación estatal, pues la entidad “no estableció ni solicitó a través de sus funcionarios evidencias suficientes del desarrollo, avance y finalización de las obras, lo cual impidió conocer en forma debida, cuáles fueron los resultados de la ‘relimpia’, las mejoras ambientales presentadas en cada uno de los puntos intervenidos, la población beneficiada en los municipios, las acciones preventivas o informativas sujetas al cuidado del agua y la generación de empleos por cuenta de la suscripción de los contratos”.
Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que los investigados vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva, economía, planeación y responsabilidad, y calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Ciénaga de la Virgen
La Contraloría ha expresado también permanente preocupación por los escasos resultados de los contratos para la recuperación y conservación de la Ciénaga de la Virgen.
Cabe recordar el polémico contrato suscrito para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga Virgen, por valor superior a $35.000 millones, y en donde diez años después, las obras no han dado resultado; se han limitado los trabajos de limpieza y al cierre de la auditoría que realizó la Contraloría en su momento, la Ciénaga era uno de los mayores focos de contaminación de la ciudad de Cartagena.
Con el fin de salvaguardar los recursos públicos en el caso de CARDIQUE, se iniciaron las acciones pertinentes desde la Contraloría General de la República.
