Una torre del edificio Aquarela VIS ubicado en el Barrio Torices de Cartagena de Indias muy cerca del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, será demolido en su totalidad tras conocerse un concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en donde advierte que el incumplimiento de esta orden configura el delito de fraude a resolución judicial o administrativa.
De acuerdo con el análisis que hace la Agencia, el proyecto inmobiliario Aquarela presenta problemas de distinta naturaleza: unos relativos a la estructuración del proyecto, otros a la fase de licenciamiento y, finalmente otros de carácter constructivo, que deben ser detallados en las distintas instancias judiciales y administrativas, para evitar que se agraven los perjuicios que actualmente se están produciendo y se configuren daños.
El concepto recomienda “la posibilidad de iniciar una acción de reparación directa contra el promotor inmobiliario, con el fin de obtener reparación por los perjuicios que se pudieren generar al Distrito por la demora en la ejecución de la orden de demolición”.
El complejo habitacional contemplaba la construcción de cinco torres de apartamentos desde 42 mts2 hasta 56 mts2, que fueron vendidos a más de 900 familias, pero solo alcanzó a construirse una torre cuando estalló el escándalo pues en esa zona no se permite ese tipo de edificaciones, pero se otorgaron los permisos por parte de la curaduría con las respectivas licencias.
En mayo de este año se conoció un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el cual se concluyó que el edificio Aquarela, tiene fallas estructurales que hacen necesaria su demolición.
Desde la constructora Aquarela, emitieron un comunicado refiriéndose a la decisión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde aseguran que legalmente no es vinculante y que se fundamenta en argumentos tendenciosos y conclusiones equivocadas que comprometen seriamente la responsabilidad patrimonial del Distrito y la Nación, tomando como sustento el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuyo contenido ha sido seriamente cuestionado por varios profesionales y agremiaciones teniendo en cuenta las fallas metodológicas y técnicas en las que incurre.
La orden está confirmada por la Alcaldía de Cartagena y se estima que los costos de la demolición oscilan entre 2 mil y 3 mil millones de pesos que serán cubiertos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura, y la Alcaldía de Cartagena, aun no se ha determinado en que porcentaje.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hace énfasis en que existen dos órdenes de recuperación del espacio público, las cuales debieron haberse cumplido hace 18 meses. Razón por la cual el tema de la demolición sigue vigente.
Además, agrega que la edificación completa debe ser demolida y no parcialmente, como lo solicitó el promotor inmobiliario a través de la modificación de la licencia de construcción.
Para efectos de la demolición se viene desarrollando un plan de emergencia por parte de la Alcaldía para poner en marcha el procedimiento. “Se tienen dispuesto todos los documentos que van a cumplir cada una de las instituciones, porque hemos evaluado el riesgo que esto puede generar desde diferentes puntos”, dijo el director de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres de Cartagena, Fernando Abello.
La alcaldía de Cartagena deberá escoger mediante proceso de selección a un contratista idóneo que deberá realizar los estudios previos para ejecutar la orden de demolición y se deberá garantizar que el dueño de la obra remueva en un plazo de 20 días los materiales que puedan sustraerse.
“El principal daño que se debe evitar es al Patrimonio Cultural de la Humanidad, por las graves consecuencias sociales y económicas que ello tendría para los cartageneros, para el Distrito y para el país”, señala el concepto de la Agencia.
