Desde la expedición de la Constitución de 1991, se ha intentado reformar la administración de justicia en un par de decenas de ocasiones. Ha sido en vano. Una y otra vez se han enfrentado con la oposición de las altas cortes. En un par de sentencias la Constitucional ha sostenido que algunas de esas propuestas afectarían pilares estructurales de la Carta y que, por tanto, de acuerdo con su jurisprudencia, que no comparto, no pueden ser objeto de reformas a través del Congreso y exigen que su cambio sea resultado de la participación directa del pueblo. Para la Corte esas reformas solo pueden hacerse a través de una asamblea constituyente o de un referendo.
En las circunstancias actuales, en el peor año de la economía desde que tenemos estadísticas por cuenta de la pandemia, una constituyente solo agravaría la incertidumbre y ahondaría la crisis. De manera que el único camino para hacer una reforma profunda a la justicia es un referendo que, en relación con la constituyente, tiene la ventaja de que sus temas se limitan específicamente a los que se preguntan.
Así, ese referendo debe centrarse en aquellos aspectos a los que la Constitucional se opondría: disminuir el número de altos tribunales, crear un mecanismo de juzgamiento de los magistrados, eliminar la posibilidad de que los actuales jueces escojan sus reemplazos y acabar la JEP, ese engendro creado para dejar en impunidad los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Farc y, en cambio, deslegitimar al Estado.
El presidente Uribe, en su declaración del 10 de octubre, un manifiesto de 38 puntos que traza una ruta política, ratifica la necesidad de ese referendo para reformar la justicia. Y agrega otros temas: «que disminuya el Congreso y la burocracia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor”.
La disminución del tamaño del parlamento es un mensaje sano en estos tiempos de austeridad. Hay que mantener las dos cámaras, pero no se requieren tantos congresistas. Reconozco que, sin embargo, esta propuesta puede restarle apoyos al referendo en su paso en el Congreso. En todo caso es indispensable cerrar la puerta para que responsables de crímenes internacionales tengan curules gratis. Si las Farc quieren participar, que lo hagan con quienes no tengan esas culpas y ganándose los espacios con votos, como cualquier otro partido.
También es clave congelar por algunos años el salario de los altos funcionarios, que hoy ganan 37 veces más que uno que recibe el mínimo. Se puede pensar en el límite máximo de cotización para pensiones, 25 salarios mínimos.
Hay que aprovechar para dar alivio a los sectores vulnerables. Para el Presidente, ”garantizar ingresos solidarios a los más pobres”. Hay que definir con precisión los mecanismos para conseguir ese propósito y asegurar que sean sostenibles, que no vayan a ahondar la crisis fiscal y, en particular, que contengan herramientas que determinen la contribución de los beneficiarios. La ayuda gratuita solo amarra a la pobreza. La única excepción a ese principio está en quienes por edad o por incapacidad simplemente no pueden aportar. Un subsidio a quienes no alcanzan pensión estaría en esa línea.
Es fundamental que el referendo ataque a fondo la plaga del narcotráfico. Hay que definir de una vez por todas la posición de la mayoría sobre consumo de estupefacientes y poner un límite al activismo judicial en la materia, donde los magistrados imponen al Congreso y a los ciudadanos su ideología. Y hay que eliminar los incentivos perversos al narcotráfico que se pactaron con las Farc. Si no lo hacemos, seguiremos girando en una interminable espiral de violencia.
Finalmente, creo que debe aprovecharse el referendo para recuperar el triunfo del No en el plebiscito, al que le hicieron conejo en la Constitucional. Polémico, lo se, pero permitiría cerrar ese capítulo de manera definitiva. Si los defensores del Si están seguros de la bondad de lo que acordaron, «el mejor acuerdo posible” según ellos, no deberían temer que se consulte de nuevo a los ciudadanos.
La experiencia del referendo del 2003, en el cual participé activamente como viceministro de Justicia, muestra las dificultades del mecanismo. Por un lado, muchas preguntas pueden confundir al elector. El referendo debe ser corto, con preguntas concretas y simples, una por cada tema. Por el otro, el gran reto es superar el umbral.
La apuesta de quienes se opusieron entonces fue la abstención. De hecho, todas las preguntas superaron el 90% de votos por el sí, pero solo la primera superó el umbral. Para movilizar a la ciudadanía es indispensable que los asuntos que se planteen sean muy atractivos.
El referendo es el camino para destrabar la falta de consenso político e institucional sobre temas, como los señalados arriba, cuya resolución es definitiva para el país. Cuente conmigo, presidente Uribe, para acompañarlo en esta batalla, crucial para el futuro: hasta el final por la defensa de la libertad y la democracia.
Rafael Nieto Loaiza. Abogado de la Universidad Javeriana de Colombia, exviceministro del interior y de justicia, analista político y consultor empresarial. Impulsor de la gran alianza republicana, con estudios en socio economía, derecho constitucional, derecho internacional público, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ex precandidato presidencial del Centro Democrático.
