Por irregularidades en la Licitación Pública 004 de 2014 por $936’499.999, para ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en el sector rural de Cantagallo, Bolívar, La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 12 meses al entonces secretario de Planeación y Obras de ese municipio, Edwin Eduardo Rueda Rojas quien ejerció en el periodo 2013-2014.
El ente de control demostró que el disciplinado vulneró el deber de planeación al elaborar y suscribir los estudios previos de la obra adelantada en las veredas La Palúa Alta, La Esperanza y El Cedro, en los cuales omitió contemplar el ítem de localización y replanteo, y la instalación de “línea de guarda” que exigía la Electrificadora de Santander.
Con esta actuación el exsecretario incumplió el inciso 2 del artículo 12 de la Ley 80 de 1993 que establece que “en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.
Asimismo, vulneró el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1998 que determina que en virtud del principio de economía “la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”.
A juicio del Ministerio Público el exfuncionario desconoció “el cumplimiento de los fines estatales y la promoción y efectividad del interés general, perjudicando a la comunidad beneficiaría del proyecto” pues la obra no se ejecutó dentro del término inicialmente pactado por la improvisación de la administración “pese a la necesidad de la población rural de contar con el servicio de energía que efectivizara la calidad de vida y el principio de la dignidad humana”.
La falta fue calificada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja como gravísima a título de culpa grave. Contra la decisión de primera instancia el defensor del disciplinado interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Santander.
