El pasado lunes 9 de noviembre, el Congreso de la República destituyó al presidente del Perú, Martín Vizcarra, al aprobar “su permanente incapacidad moral” con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando los 83 votos necesarios, por aceptar supuestamente sobornos de obras públicas entre 2011 y 2014, siendo gobernador de la región sureña de Moquegua. Los cargos resultaron de una investigación archivada y reabierta por la fiscalía, sobre presuntas coimas por más de 2 millones de soles, equivalente a 623 mil dólares aproximadamente.
La vacancia de la presidencia de la república ha sido ocupada por el presidente del Congreso, Manuel Merino, debido a que al renunciar el presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2016, fue reemplazado por el entonces vicepresidente Vizcarra. Su destitución se produce a escasos cinco meses de las elecciones para presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos, convocadas para el 11 de abril de 2021.
Cabe resaltar que para dichos comicios electorales, Vizcarra, cuyo periodo presidencial expira el 28 de julio del próximo año, no puede presentarse como candidato. Así mismo, se destacan los altos índices de popularidad alcanzados durante los 32 meses en el gobierno, superando el 70%. La destitución del presidente genera dudas en su legitimidad, dado que no existe una sentencia judicial en firme, con una segunda instancia que determine responsabilidad por los cargos endilgados.
Por ello, 42 exministros de Estado peruanos, pidieron intervención del Tribunal Constitucional y a la OEA aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, convocando al Consejo Permanente y una Misión Especial de verificación al Perú. Similar pronunciamiento hizo Human Rights Watch, por la grave amenaza al Estado de derecho.
En consecuencia, dicha situación crea inestabilidad política e institucional, toda vez que es el tercer presidente del periodo 2016-2021, de una cadena de mandatarios acusados de corrupción, por lo que también han sido destituidos o presionados a renunciar, con excepción de Alan García: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Del mismo modo, genera zozobra e incertidumbre entre la población, al punto que ha salido a protestar en contra de la resolución aprobada por el Congreso. En efecto, el pueblo se ha volcado a las calles para manifestarse en procura de recuperar la democracia, ante lo que consideran un robo a su dignidad y ambiciones de poder.
Por último, se ahonda la crisis económica y social derivada de la pandemia, con más de 34 mil muertos y un millón de contagiados. Una recesión económica en la que Merino muy poco podrá hacer en el corto periodo que gobernará, sumadas las circunstancias de salubridad por el coronavirus, pese a que en su discurso de posesión del martes 10 de noviembre, reconoció la crisis y prometió “corregir todos los errores”, al mismo tiempo que “la salud será la prioridad, la lucha implacable contra la corrupción y la búsqueda de consensos”. Lo anterior demuestra una desconexión de la élite política, respecto a las demandas de la población, al no reparar en la interinidad presidencial que se tendrá hasta julio de 2021.
Finalmente, es previsible que las mociones de vacancia seguirán tumbando presidentes en Perú, mientras exista un sistema unicameral de 130 legisladores, la figura constitucional de la vacancia como juicio político, el fraccionamiento de la política interna y persista la corrupción como fenómeno estructural que involucre al presidente de la república.
