Siendo senador de la república de Colombia para el 2016, el infante Iván Duque, quien para la época, “sacando pecho”, podía vociferar sin ser ventrilógo, que “…Pupitrear la reforma tributaria es una vergüenza”. Ello, como un enemigo acérrimo e implacable de la reforma tributaria que intentaba imponer el ex presidente Santos, además y en forma politiquera también expresó: “Son más de 300 artículos con serias implicaciones para la economía colombiana que serán discutidos sin una deliberación rigurosa. Creo que esta reforma golpeará a los más vulnerables, a la clase media, a las pequeñas y medianas empresas, a sectores estratégicos, convirtiéndose en un salvavidas de plomo”.
Aflora una pregunta: ¿Será que al presidente Duque le cabe una investigación por engañar al pueblo Colombiano? Es que no solamente es ese fatídico episodio politiquero, sino que en el transcurrir de su campaña presidencial deambulaba por el territorio engañando y engañando con la muletilla de “no más impuestos”, enemigo a ultranza del aumento del IVA al 19 %, de los impuestos al consumo, las pensiones, los salarios y los servicios públicos.
Hoy en día, desde las poltronas de palacio, “…como el cuento del peluquín con su verdadera identidad”, solapadamente enviaba mensajes de carácter casi extremista anunciando la posible reforma tributaria, poniendo de fachada a un inerme vice ministro de hacienda, Juan Alberto Londoño, que repetía entre dientes lo que le mandaba a decir el presidente y el ministro Carrasquilla y que él no lo quería decir.
Lo que la traumática y antes denominada “Ley de Crecimiento” desconoce, es que el país requiere de una reforma distinta donde verdaderamente se bajen los impuestos, se recorte sin politiquería el tamaño del Estado, se erradiquen los gastos suntuarios de la guerra y el auto elogio, racionalizar el gasto público y controlar la evasión, la economía subterránea y por supuesto la corrupción. Colombia debe mirar hacia el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas para aumentar la competitividad y por ende la productividad.
La clase parlamentaria nuestra que conjuga con estas injusticias impositivas, normalmente actúan, no con criterio social, sino con intereses partidistas burocráticos y de contratos. A ese conjunto de solapados no les va interesar la búsqueda de una nueva ruta y regla fiscal que pueda erradicar la pobreza, mirar donde debe estar focalizado el gasto fiscal, y lo más importante, que la redistribución de las cargas tributarias y ambientales tengan un verdadero criterio de solidaridad, que es lo predica y no aplica el estado. Colocar el IVA del 19% a los servicios públicos de los estratos cuatro en adelante, es un adefesio desproporcionado, cuando éste sector, por los efectos generados por la pandemia, han sido también los más afectados y se les llama coloquialmente, “los de la pobreza oculta”
El gobierno quiere convertir al colombiano en “Lumpen” con la Implementación permanente del programa Ingreso Solidario en hogares de pobreza y pobreza extrema, con una renta básica de entre $80.000 y $366.101, cuando lo que se requiere es que se le genere empleo digno, capacitación y subsidio para los microempresarios y no ser considerados “parásitos de la sociedad
Para colocarle la lápida a los colombianos, se gesta un “golpe de estado” económico, pidiendo facultades extraordinarias durante seis meses, para hacer y deshacer a su albedrio suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva en aras de una supuesta austeridad, cuando lo que tenemos actualmente es que tienen el control de las IES, no solo al servicio del estado, sino de un sector político y se pretende que todas las entidades a fusionar, encajen en ese paquete de totalitarismo, a sabiendas, de que lo que se avecina son las elecciones de parlamentarios y presidente, y el miedo y la coacción será el suplemento para los congresistas y puedan mantener sus cuotas burocráticas, la mermelada y el baile de la corrupción. No hay derecho ante tamaña falsedad y trampa gubernamental.
