Al ver los indicadores de pobreza y vulnerabilidad del país, da la sensación que poco ha servido el supuesto avance económico que se materializa en anuncios rimbombantes, como el pasar a ser un país en desarrollo, o el haber ingresado al selecto grupo de países miembros de la OCDE.
El año 2019 estuvo marcado por un incremento del desempleo el cual llego a un 10,5%, mientras la pobreza monetaria registraba cifras del 35,7%, la pandemia por supuesto termino disparando esta cifra al 42.5%, mientras el desempleo alcanzó el 17,35% tras la afectación económica producto del largo periodo de restricciones impuestas.
21 millones de colombianos en situación de pobreza monetaria con un ingreso inferior a los 360.000 per cápita, mientras 7,47 millones se encuentran en pobreza extrema, esto refleja la flaqueza de las estrategias encaminadas a la superación de esta condición económica. La desigualdad por supuesto también subió y se refleja en el aumento del coeficiente Gini el cual paso del 0,52 a 0,54.
Los altos precios de la canasta familiar, de servicios públicos y transporte terminan afectando los escasos ingresos del grueso de los trabajadores, además del alto nivel de empleos informales en las principales ciudades del país, la falta de oportunidades para los jóvenes en estudio superior y el no encontrar fácilmente acceso a la vida profesional han terminado detonando en una compleja situación social en un paro indefinido que ya suma 27 días.
Muchos más problemas y/o molestias se han ido sumando al descontento social, campesinos que se ven afectados al no poder sembrar o vender sus productos, transportadores que han visto caer sus ingresos ante los aumentos en los costos y numero de los peajes, las vías en mala o pésima calidad, que aumenta el número de horas de desplazamiento, la falta de equipamiento de salud, educación entre otros empiezan a hacer mella ante la incapacidad en el corto plazo de dar respuesta o soluciones a temas estructurales aplazados durante décadas al no ser considerados urgentes primando la inmediatez en el quehacer público.
Si a todo esto le sumamos el nivel de estrés, depresión y demás enfermedades mentales causadas por tantas dificultades, que incluso según la Organización Mundial de la Salud pueden llegar a ser el principal problema sanitario entre los adolescentes y primera causa de enfermedades en todo el mundo al año 2030, y que se empieza a evidenciar en el aumento de suicidios en algunos territorios, sin embargo, pasa desapercibido pues no hay políticas públicas dirigidas a resolver esta problemática.
Como sociedad debemos revisar si las actuales políticas sociales entre ellas la de “Transferencias Monetarias Condicionadas” han logrado su cometido en sacar de la pobreza a los beneficiarios de las mismas, este esquema empezó a aplicarse en el país en la década del 90, rompiendo con el sistema tradicional de seguridad contributiva, alentando los derechos sociales universales vinculados a la ciudadanía, dándoles corresponsabilidad en mejorar sus niveles de educación, salud y alimentación.
El programa bandera de los TPC en Colombia “Mas Familias en Acción” está dirigido a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad que tengan integrantes menores de 18 años, estableciendo el SISBEN como herramienta para medir la vulnerabilidad; este programa arranco en el año 2000 como estrategia temporal para mitigar la crisis económica, la desigualdad de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales y en municipios con menos de 100 mil habitantes, luego paso a implementarse de manera permanente en todo el territorio nacional con la implementación de la Ley 1532 de 2012.
Sin embargo, se puede afirmar que el programa presenta serios inconvenientes para garantizar la salida definitiva de la línea de pobreza, en parte por las condicionalidades establecidas a los beneficiarios, la no universalización, la falta de garantías de derecho, el no cubrimiento pleno de la oferta de servicios más necesarios pueden ser parte del problema.
Es común las críticas a estos programas sociales pues se manifiesta que los pobres no saben manejar el dinero, y aunque es cierto que en algunos hogares estos recursos son mal dirigidos, la razón de ello puede estar en las condicionantes para no salir del programa, esto nos lleva a pensar que quizás debe establecerse modificaciones en el mismo, teniendo presente las experiencias adoptadas de Renta Básica implementadas en países como Kenia, o Uganda que en 2008 decidió entregar 400 dólares a 12.000 ciudadanos con la única condición de que presentaran un Plan de Negocios, los resultados simplemente fueron impactantes pues los beneficiados invirtieron en estudio e iniciativas de negocio, mejorando sus ingresos hasta en un 50% y un 60% las posibilidades de ser contratados. Pero además los beneficios sociales aumentaron pues se redujo la delincuencia, la mortalidad infantil el ausentismo escolar y por supuesto el rendimiento académico.
La prestigiosa Universidad de Manchester tras estudiar múltiples casos de aplicación de estos programas, resume los beneficios así: 1. Las familias si dan buen uso del dinero recibido; 2. La pobreza se reduce drásticamente; 3. Deriva en beneficios sociales de largo plazo (ingresos, salud, educación e impuestos) y 4. Estos programas son mucho menos costosos que la inversión en infinidad de equipamientos sociales.
Hace algunas décadas Ronald Reagan siendo presidente de los EE.UU. pronunció con menosprecio “en los setenta libramos una guerra contra la pobreza, y la pobreza ganó.” Quizás la guerra contra la pobreza no está pérdida solo aplazada, una Renta Básica realmente Universal es posible, algunos territorios han ido dando los pasos, ¿por qué no damos el debate?
