La Casa de las Leyes culminó la tercera legislatura del cuatrienio 2018 – 2022. Fueron meses de arduo trabajo, tiempo en el que desde la presencialidad y la virtualidad cumplimos con nuestra labor congresional, dando trámite a importantes iniciativas legislativas, así como debates de control político sobre temas de relevancia nacional.
Hoy puedo decir con certeza que sesionar desde la virtualidad ha funcionado mejor de lo esperado. Pese a las largas jornadas hubo mayor asistencia de congresistas a las sesiones y mayor número de las mismas tanto en comisiones como en plenaria. Demostramos a los incrédulos y críticos de esta modalidad, que, pese a las fallas de internet, cámaras o micrófonos, nada fue impedimento para llevar a cabo nuestro trabajo como lo exige la Constitución y la ley.
Cerrando este 20 de junio la tercera legislatura, llega la hora de hacer un balance de mi trabajo congresional, del cual destaco la radicación de 18 proyectos de ley en calidad de autora, y cinco como coautora. De los primeros, subrayo el que incentiva el uso de la guadua y el bambú, que pasó para tercer debate en Senado; objeción de conciencia, que lamentablemente se hundió nuevamente por falta de trámite en la Comisión Primera de Senado; etiquetas Braille, apoyo a los pescadores artesanales, protección a los ecosistemas de manglar, preservación del patrimonio arqueológico de los sistemas hídricos de la Mojana, y el reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio cultural de la Nación, que pasaron para segundo debate en plenaria de Cámara. A esto se suman cuatro iniciativas más como coautora: impuesto al turismo para la financiación de la infraestructura hospitalaria de San Andrés, que pasó a segundo debate en plenaria de Cámara; promoción de la tejeduría de iraca y enaltecer el Paisaje Cultural Cafetero, con primer debate en el Congreso.
En este punto quiero resaltar el trabajo que he realizado como ponente y coautora de la mano del Ministerio de Hacienda, del proyecto de ley de Sistema de Pagos y Mercado de Capitales, que tiene como finalidad promover un sistema más dinámico, competitivo e inclusivo acorde con la transformación digital y tecnológica que requiere el país; impulsar la inclusión financiera y el desarrollo del mercado de capitales, y fortalecer el marco regulatorio. Ya fue aprobado en primer debate en Comisión Tercera y pasa a Plenaria de Senado.
Adicionalmente fui ponente y coautora del proyecto de ley que da luz verde a la creación de la estampilla pro – Universidad del Quindío, con el cual se busca un recaudo de $50 mil millones para fomentar la investigación y la infraestructura de la institución, iniciativa que está a punto de ser Ley de la República. Así mismo, en calidad de coordinadora ponente se logró la aprobación de la Ley de Presupuesto 2021, que trajo consigo el presupuesto de Inversión pública más alto reportado, cerca de $58.5 billones, que ha permitido la continuidad a los programas sociales de transferencias condicionadas y la reactivación económica. De igual manera, destaco el avance como ponente en el tramite legislativo de proyectos de ley como el de Seguros Inclusivos, la Estampilla Pro-Hospitales públicos de Buenaventura y el que busca fomentar la libre competencia en los mercados.
En este tiempo también adelanté cinco debates de control político que me permitieron hacer veeduría a temas tan importantes como las irregularidades en la contracción y ejecución de proyectos de infraestructura en el Sena durante el gobierno Santos; el impacto de los programas sociales en la vida de los más vulnerables durante la pandemia; el uso de la biodiversidad en Colombia; el estado de los proyectos de Gramalote y La Mojana ejecutados por el Fondo Adaptación; y el impacto de la Ley 1816 de 2016 en la industria licorera.
No puedo dejar de mencionar el trabajo acucioso y riguroso que junto con la bancada del Centro Democrático hemos realizado para construir una ley de urgencia social que permita financiar programas sociales como Ingreso Solidario; educación superior gratuita para jóvenes de estratos 1, 2 y 3; incentivos al empleo formal; ampliación del subsidio a la nómina PAEF (hasta diciembre de 2021); y aumento del subsidio de Colombia Mayor. Para cumplir con esto, los congresistas de la bancada de Gobierno proponemos austeridad en el gasto (mínimo $1.7 billones anuales), congelar la tarifa de renta de las empresas en 34% y mantener el descuento en renta del 50% del impuesto de industria y comercio, y la sobretasa de renta a todo el sector financiero de 3%. Todo esto con el único objetivo de ayudar a millones de compatriotas a superar el impacto de la pandemia.
No han sido tiempos fáciles. A los enormes desafíos que nos impuso la pandemia se sumó un paro inhumano y devastador que ha causado la muerte de 27 personas, más de 2.500 heridos, 2.855 empresas cerradas o a punto de quebrar, y cerca de $15 billones de costo económico. Absurdo, todos perdimos. No contentos con las dificultades que vive el país, la oposición en su desmedida ambición política no sólo critica todo, sino que persiste en su afán de no dejar gobernar y de mantener la agitación social para, a través de vías de hecho, presionar al gobierno e imponer una agenda que de lejos no apoyaron los ciudadanos en las urnas. Aún en esta adversidad, el presidente Iván Duque se ha mantenido sereno y firme para afrontar estos aciagos momentos, y ha buscado que los mandatarios locales asuman sus responsabilidades de garantizar, en su ciudad, el orden público y la seguridad, con el apoyo del gobierno nacional.
Fue un difícil año legislativo porque los efectos del Covid en la salud y actividades de los colombianos ha continuado haciendo estragos, lo que ha dificultado atender bien a las comunidades, en especial a las de zonas rurales y con precario acceso a Internet. No obstante, mantuve mi férreo compromiso de fortalecer la institucionalidad, la democracia y la economía, así como de apoyar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables en un momento de tanta dificultad, y donde más necesitan de nuestra solidaridad y mano amiga.
