«Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma».
El ex presidente Juan Manuel Santos en la Comisión por la Verdad y reparación, abrió de nuevo una herida que nunca fue cerrada, y jamás será cerrada hasta que la verdad no sea totalmente conocida. Los falsos positivos y sus víctimas tienen derecho a la verdad.
Los falsos positivos son una mancha negra y oscura en la historia del sufrimiento de la historia del pueblo Colombiano, crímenes horribles que jamás deberían prescribir, pues se trata de ejecuciones de jóvenes inocentes presentados como como “trofeos” de guerrilleros de las Farc caídos en combate, cuando en realidad no lo eran. Son crímenes de lesa a la humidad así como los que perpetúan cualquier guerrilla en el mundo.
Los falsos positivos resultaron de una medida adoptada por el Ministerio de Defensa que consistía en otorgar recompensas al personal militar por “captura o abatimiento en combate de los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. Esta medida fue aprobada en 2005 y firmada por el entonces ministro Camilo Ospina en el marco de la política de “Seguridad Democrática” cuyo propósito, en palabras del propio Santos, era “acabar militarmente a las Farc” y obtener “una derrota total.
Tenemos así las condiciones históricas propicias para los falsos positivos: el decreto y un discurso que quiere el total aniquilamiento del enemigo. Estas dos condiciones conjugadas propiciaron las conductas conocidas como “falsos positivos”. Hasta prueba contraria, esto no quiere decir que el ex presidente Uribe y su ministro Camilo Ospina dieran la orden de asesinar a muchachos inocentes que vivían en condiciones de enorme vulnerabilidad, pero sí los señala de responsables de construir un escenario donde altos mandos y reclutas rasos recibieron incentivos para producir resultados, así estos resultados se midieran en “litros de sangre inocente”.
En 2008, cuando estalla el caso, varios militares y laureados comandos de las altas esferas del ejército son llevados a tribunales y sentenciados. El escándalo estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
La investigación de la JEP es el llamado Caso 3, abierto luego de que surgieron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la cual estableció que la etapa más crítica ocurrió entre 2006 y 2008. La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados algunos soldados o suboficiales. Investiga qué tanta influencia y decisión tuvieron los altos mandos.
«Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009», dice la JEP a través de la a Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
No se trata de manzanas podridas, se trata de una institución del Estado que debería reconocer sus responsabilidades y pedirle perdón a las víctimas y a la Nación. La verdad nos hace libres y en este caso nos ayudará a reconciliarnos y jamás repetir.
