En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la judicialización de seis funcionarios del INPEC quienes de acuerdo con las investigaciones hacían parte de un grupo de delincuentes que bajo amenazas cobraba extorsiones a los reclusos del Centro Penitenciario de Ternera en Cartagena de Indias.
En las audiencias preliminares un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les formuló cargos a los procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y extorsión, a los cuales no se allanaron.
De acuerdo con la investigación adelantada, los inspectores Jhon Jairo Palacios y Edwin Munar Garzón, y los dragoneantes Vanessa Polanco Basanta, Miller Alberto Prieto Luna, Carlos Álvarez Lozano y Jairo Romero Payares, habrían aprovechado sus funciones para desarrollar el supuesto accionar delictivo, manteniendo controlados a los internos y a los otros guardas.
El material probatorio indica que los llamados jefes de los patios 2 y 6, que harían parte de la banda delictiva, eran quienes obligaban a otros internos a pagar cuotas semanales de $10.000 o $20.000, las cuales eran entregadas los domingos a estos funcionarios del lNPEC que ejercían la vigilancia y que permitían el ingreso de licor, estupefacientes, teléfonos celulares y armas a cambio de dinero.
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Según las investigaciones, los reclusos que no pagaban eran reportados ante los servidores públicos, quienes presuntamente los sometían a malos tratos, les prohibían las visitas y les ocasionaban agresiones físicas. Tales acciones también eran replicadas por los internos, por lo que las víctimas eran intimidadas con frecuencia.
Se evidenció en el proceso que algunos cobrarían dinero a los internos para devolverles los elementos decomisados, tras las requisas que hacían en las celdas o calabozos, donde los guardias incautaban teléfonos celulares, cargadores, tarjetas sim card, armas y estupefacientes.
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Aunque varios de los investigados fueron trasladados a Montería y Sincelejo, se conoció, mediante la interceptación de comunicaciones, las presuntas irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Cartagena, pues se evidenciaron conversaciones con otros funcionarios del INPEC y con la población carcelaria.
Un juez les dicto medida domiciliaria que apeló la Fiscalìa.
