Esta semana se conoció el informe definitivo sobre Colombia correspondiente al 2020 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas.
Ratifica lo anunciado hace unas semanas: por tercer año consecutivo se han reducido los cultivos de coca, un 7%, hasta llegar a 143.000 hectáreas, después de haber alcanzado en el 2017 las 171.000 has, su máximo histórico. Sin embargo, la reducción es inocua porque la producción de cocaína aumentó un 8% hasta las 1.228 toneladas, más que nunca.
Los datos dejan varias conclusiones: la primera, que la nueva estrategia sobre narcotráfico pactada entre Santos y las Farc es un fracaso rotundo. No es este un asunto de estar con el Si o con el No en el plebiscito. Es un hecho que demuestran las cifras. El primer reporte de Simci, del 2001, mostraba 137.000 has en Colombia. Después de varios años de reducción sostenida, para el 2013 habíamos dejado de ser el principal productor de coca y el país con más narcocultivos: teníamos solo 48.000 has de coca y se producían 290 ton de cocaína. La curva de descenso se frenó en el 2014, año de la firma del componente de narcotráfico con las Farc. Desde entonces los narcocultivos y la producción de cocaína se dispararon. Santos y los negociadores vendieron el acuerdo como la panacea, un “cambio de paradigma” en la lucha contra el narcotráfico. Pues bien, el “histórico nuevo enfoque”, como también lo llamaron, ha resultado un desastre.
La segunda es que ese fracaso tiene al menos tres causas. Una, el sistema de transferencias monetarias a los narcocultivadores, implementado en el marco del proceso con las Farc. En lugar de contribuir con la caída de los narcocultivos es un incentivo perverso para que aumenten. Vulnera el principio de igualdad frente a la ley para premiar a los cultivadores ilícitos e invita al campesino legal a pasarse a la coca. Dos, el incumplimiento absoluto de las Farc de sus obligaciones en el pacto en materia de narcotráfico. No entregaron cultivos, laboratorios, pistas, dineros y bienes producto del lavado de activos, ni a sus cómplices afuera y acá. Y no solo los frentes principales involucrados en el negocio nunca se desmovilizaron (las “disidencias”) sino que incluso el jefe negociador en Cuba, Iván Márquez, está echando de nuevo bala por cuenta del narco (las “reincidencias”). Tres, la Fuerza Pública empezó operar sobre la idea equivocada de que llegaba «el fin del conflicto” y el Estado no logró controlar el grueso de las áreas de desmovilización.
Que hoy hay un serio problema en la medición es la tercera. En efecto, el 25 de junio la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), en su reporte anual, sostenía que en lugar de disminuir los narcocultivos en Colombia habían aumentado en el 2020 para llegar a las 245.000 has. Nunca ha habido coincidencia en las cifras absolutas de los informes del Simci y de la ONDCP, pero en general reflejaban las mismas tendencias de aumento o disminución. Desde 2018 las contradicciones son evidentes.
Cuarta, que la erradicación manual voluntaria viene en picada y cayó de 6.765 has en 2019 a apenas 702 has el año pasado, un 90% menos. Son muchas las cosas que no funcionan bien en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), algunas de ellas heredadas. Ahora, han pasado tres años y aunque algunos expertos reconocen que «la actual administración ha fortalecido la gestión y administración del Programa”, lo cierto es que el presupuesto del año pasado fue 1.331 billones de pesos y los resultados, están a la vista, son pobrísimos.
Por otro lado, quinta, la violencia homicida viene concentrándose donde se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el PNIS. Entre julio de 2019 y junio de 2020, la tasa de homicidios en los municipios PDET fue de 44,3 por cada 100 mil habitantes y en los municipios PNIS fue de 57,9 muertes cada 100 mil habitantes. Mayores un 190% y 259% respectivamente que el promedio nacional. Un análisis a fondo de esta tragedia es indispensable y no puede hacerse ahora, pero los datos de violencia homicida en estos municipios deben prender todas las alarmas. Son vitales la puesta en práctica de nuevas estrategias y la identificación de la causas (persistencia de las economías ilegales y del conflicto, supervivencia de las Farc y confrontación entre grupos ilegales por el dominio de las áreas, amedrentamiento de las comunidades y líderes, incapacidad del Estado para ejercer control integral del territorio, entre otras).
Que «la coca aumentó en Parques Nacionales Naturales y sigue concentrándose en territorios con regulaciones especiales para su intervención, como resguardos indígenas, tierras de las comunidades negras y zonas de reserva forestal”, es la sexta. Casi la mitad de la coca está en estos territorios, según Simci. No es coincidencia. En esas áreas las dificultades para erradicar son mayores a las ya existentes en el resto del territorio que, por cierto, son muchas.
Séptima, hoy los narcos son mucho más eficientes tanto el producción de coca como en la obtención de cocaína; el clorhidrato de cocaína por hectárea cosechada pasó de 6,7 kg/ha en el 2019 a 7,9 kg/ha en el 2020.
Finalmente, no hay duda de que se requiere de una nueva estrategia amplia e integral para quebrarle el espinazo al narcotráfico. La de Santos y las Farc fracasó estruendosamente. En la nueva estrategia es indispensable recuperar la aspersión aérea con glifosato. Aunque no basta con la aspersión, sin ella no se va a ningún lado. Después tres años de anuncios gubernamentales, nada de nada.
