La crisis en que se encuentra inmerso Túnez reviste especial importancia, máxime si es la Cuna de la Primavera Árabe (2010 -2012). De hecho, la inmolación de Mohamed Bouazizi (17-Dic-2010), un joven vendedor ambulante tunecino en situación de pobreza, supuso el origen de una ola de protestas por todo el país conocidas como la “Revolución de los Jazmines o Revolución de la Dignidad”. Sus principales demandas eran la falta de oportunidades, el desempleo, la corrupción y la ausencia de libertades civiles.
En efecto, la muerte de aquel vendedor ambulante que se roció gasolina y se prendió fuego, en protesta por la injusta incautación de su carreta y mercancías, así como la desatención a sus reclamos, no fue en vano. Su sacrificio despertó la solidaridad de los tunecinos, convirtiéndolo en un símbolo e impulsaron las manifestaciones contra el régimen autoritario, la represión y la pobreza, que acabaron con la presidencia dictatorial de Zine el-Abidine Ben Ali, tras 23 años en el cargo.
Su derrocamiento concluyó con una Asamblea Constituyente que, en diciembre de 2011, eligió de manera indirecta a Moncef Marzouki como el primer presidente democrático de un país árabe, al asumir el poder a través de un gobierno democráticamente electo (la Asamblea Constituyente). Desde entonces, con casi 10 años, Túnez se ha constituido en la única democracia del mundo árabe, según el índice sobre el Estado de derecho de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Cabe agregar que en 2014, se dio la promulgación de la nueva Constitución, la convocatoria de las primeras elecciones libres y la elección del presidente Béji Caïd Essebi. A su muerte, en julio de 2019, le sucedió interinamente Mohamed Ennaceur y, desde octubre de ese año hasta hoy, ejerce como presidente Kaïs Saied, quien resultó ganador en los comicios electorales.
Pese a los intentos del ejecutivo por mejorar las condiciones laborales de la población, el deceso del presidente Essebi, la pérdida del turismo por los ataques del Estado Islámico de 2015 y los estragos de la pandemia, han sumergido al país en una fuerte crisis. Al mismo tiempo, empeoró la relación entre el presidente Saied y los jefes de gobierno Elyes Fakhfakh (2020) y Hichem Mechichi (2020-2021), mientras las protestas ciudadanas se han multiplicado por la situación social y económica.
Es así que en los últimos meses, la pobreza, la escasez de vacunas y el aumento de las muertes por Covid-19, acrecentaron el inconformismo de los ciudadanos frente al gobierno del primer ministro Hichem Mechichi, al punto que el pasado domingo, cientos de manifestantes exigieron en varias ciudades la renuncia del presidente Saied. Dicha situación derivó en la decisión del presidente tunecino de cesar en sus funciones al parlamento y asumir plenos poderes en el país africano, amparado en la interpretación del artículo 80 de la Constitución promulgada en enero de 2014.
En consecuencia, a la inestabilidad política se le sumó la inestabilidad constitucional, a partir de la alocución presidencial de Kaïs Saied, el pasado domingo 25 de julio. En ella dijo que después de hablar con el primer ministro y el presidente del parlamento, procedió a implementar el artículo 80 de la Constitución. En tal virtud, tomó tres decisiones: “primera, congelar todos los poderes del parlamento. La Constitución no permite su disolución, pero no obstaculiza la congelación de todas sus actividades; segunda, levantar la inmunidad de todos los miembros del parlamento; la tercera es que el presidente asuma la autoridad ejecutiva, con la ayuda de un gobierno encabezado por el primer ministro y designado por el presidente de la república”. Adicionalmente, anunció que gobernará y legislará por decreto.
En contra de lo anterior, el artículo 80 de la Constitución de Túnez faculta al presidente para tomar “medidas excepcionales” en caso de “peligro inminente para las instituciones del país”, siempre y cuando haya consulta previa al jefe de gobierno (primer ministro) y al presidente del parlamento, bajo la supervisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, dicho Tribunal no ha sido creado y, según denuncia el presidente del parlamento Rachid Ghannouchiel, la consulta no se ha producido. Además, con la Asamblea de Representantes clausurada y sin Tribunal Constitucional, los decretos presidenciales que se expidan no estarán sujetos al escrutinio de ningún órgano de control institucional.
De lo anterior se desprende que prácticamente todos los poderes quedaron concentrados en el Presidente de la República: el ejecutivo, el legislativo y parte del judicial, considerando que se adjudicó la Jefatura de la Fiscalía del Estado. Por tanto, no solo se transgrede la independencia del poder judicial, sino que también se vulnera el principio político de la división de poderes y, por ende, su autonomía. Así que no se aseguran los derechos individuales de los ciudadanos, ni garantiza un buen gobierno.
Más aún, la inexistencia del peligro inminente y el uso indebido de los poderes constitucionales de emergencia, por parte del presidente Kaïs Saied, guardan una estrecha relación con las características propias de un autogolpe como una forma de golpe de Estado. Por consiguiente, el temor de una nueva dictadura comienza a cobrar fuerza, la división interna aumenta y surge la imperiosa necesidad de resguardar la democracia y la libertad alcanzada, para que no se conviertan en un logro efímero.
