La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años y medio al exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Enrique Malo Fernández, una de las piezas del engranaje de corrupción denominado “Cartel de La Toga”.
La Corte Suprema señaló que el exmagistrado de la Sala Penal participó en la red de políticos y altos funcionarios de la Rama Judicial para torcer fallos. Fue condenado por el delito de cohecho y concierto para delinquir.
Malo Fernández, es el segundo condenado que no aceptó cargos por el escándalo, luego del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte.
La Sala concluyó que el condenado se aprovechó de su toga para intentar torcer procesos contra congresistas, por lo cual negoció millonarios sobornos. Fue multado con $85 millones y no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.
De acuerdo con el expediente de la Comisión de Acusación de la Cámara, investigación avalada por la Corte Suprema, Gustavo Malo hizo una alianza corrupta con abogados y el exmagistrado Ricaurte para abordar congresistas y, conociendo detalles exclusivos de sus expedientes penales, favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero.
Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría entregado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra.
En la sentencia se menciona al exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas”. Los dos políticos aceptaron entregar esas millonarias sumas de dineros.
Según reza la sentencia, los acercamientos a los políticos fueron tarea de los abogados Luis Gustavo Moreno, antiguo fiscal anticorrupción, y Leonardo Pinilla, quienes a su vez obtenían información confidencial entregada por el exmagistrado Ricaurte.
En 2017 el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió a la Fiscalía evidencia sobre unas conversaciones entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en las que se hablaba sobre posibles actos de corrupción en el trámite de procesos adelantados contra algunos congresistas en la Corte Suprema. Autoridades norteamericanas le filtraron a la Fiscalía que estarían involucrados abogados litigantes, magistrados y exmagistrados de la Corte.
