La inseguridad se pasea de manera campante por las calles de Cartagena de Indias. Las acciones de las autoridades no se ven reflejadas en resultados ni estadísticas. Dentro de las estrategias impartidas para contener la delincuencia y esclarecer hechos, se instalan cámaras de seguridad, que, en el caso de Cartagena, le corresponde a Distriseguridad.
Esta entidad firmó un contrato por $474.820.000, para el diagnóstico y mantenimiento del Sistema de Emergencia y Seguridad (SIES), que contiene 600 cámaras en las tres localidades; sin embargo, en el reporte que arroja por el director Pedro Rodelo, indica que, solo lograron recuperar el 25% de las cámaras, es decir, 150 a corte del 5 de junio de 2021.
Pero en un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena al Concejo Distrital, el pasado 12 de junio, reportó que, la institución tiene acceso a 459 equipos de videovigilancia y solo funcionan 21. Es decir, los más de $470 millones invertidos, sirvieron para recuperar el 3,5% de las cámaras.
A este se suman las alarmas de seguridad. Consulté a seis líderes de juntas de acciones comunales que han presentado solicitud para estos equipos y a todos les respondieron, “no hay recursos para comprar alarmas nuevas e instalarlas”. ¿Qué hacemos entonces con una entidad como Distriseguridad, cuyo objetivo, es apoyar los organismos de seguridad con proyectos tecnológicos para la vigilancia y seguridad? Ese objetivo no se está cumpliendo.
En los casos de inseguridad que hay a diario en Cartagena de Indias, resulta casi imposible poder capturar a un delincuente haciendo uso de estas cámaras, porque el 96.5% no sirve. La mayoría de los casos no son esclarecidos, no se captura a nadie. Seguramente, si el sistema de videovigilancia funcionara, algo se pudiera lograr.
Como si fuera poco, el ‘contratico’ de los $474 millones, se hizo a través de un convenio interadministrativo con la empresa ETB; es decir, a dedo. ¿Dónde quedan las licitaciones para contratos con unos montos tan altos? Otro saludo a la bandera.
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La ejecución de Distriseguridad en el 2020-2021, para equipos de vigilancia, fue del 8%; la ejecución de recursos fue del 3%, de los 189 contratos firmados, 177 fueron de manera directa, dos licitaciones públicas y una subasta inversa. ¿Qué explicación hay para tener una ciudad insegura, con cámaras en mal estado y los recursos ahí sin ejecutar?
Comparando el presupuestos de 2015, cuando tuvo el más alto con $11.483 millones y el de 2020 con $4.541 millones, hay reducción de presupuesto del 55%, lo que indica que debía faltar dinero y no sobrar. Ojo que la pandemia no puede ser excusa.
No se puede seguir justificando cada acto de inseguridad ni tener una entidad que solo sirve para burocracia. Secretario David Múnera, esto no es un tema “endémico”, como dice usted.



