Se sostiene que la lucha contra el narcotráfico fracasó en Colombia. Hechos: cuando en el 2001 se iniciaron las mediciones de Naciones Unidas, en nuestro país había 137 mil hectáreas de coca. Para el 2010 se habían reducido los cultivos a 63 mil y se producían 424 toneladas de cocaína. En el 2013 eran aún menos, 48 mil ha y 290 tn. Dejamos de ser el principal productor de coca en el mundo.
Sin embargo, en el 2014 se firma el pacto con las Farc sobre narcotráfico y se abandona la estrategia que venía implementándose, con éxito, hasta entonces. Este Gobierno, aunque algunas cosas hace mejor, no ha cambiado nada sustantivo. Como consecuencia, el año pasado teníamos 143 mil ha y se produjeron 1.228 tn, 3 veces más coca y 4.2 veces más cocaína que antes del acuerdo. En realidad lo que resultó un fiasco es el “cambio de paradigma”, el “histórico nuevo enfoque” que vendieron Santos y los negociadores.
Se sostiene que la legalización es el camino para acabar el negocio. Es pensar con el deseo. Hechos: en Estados Unidos, Europa, Rusia o China, la legalización de la cocaína no es siquiera objeto de debate. Y una “legalización» unilateral por parte nuestra nos convertiría en parias y su costo sería impagable.
Se sostiene que el glifosato daña el medio ambiente y causa cáncer y que, por tanto, no debería usarse para erradicar la coca. Hechos: las autoridades medioambientales y de salud pública de EE.UU., Europa y Japón, entre otros, que no tienen la presión existente acá por cuenta de la coca y que solo se preocupan por la salud de sus habitantes, han dicho y repetido que, usado de la manera adecuada, no es carcinogénico ni genotóxico y que en materia medio ambiental solo hay que cuidar su efecto sobre la vida acuática. Por eso el glifosato sigue siendo el herbicida más usado en el mundo.
Se sostiene, por parte de la Corte Constitucional, que, en virtud del principio de precaución, había que suspender la aspersión aérea de coca con glifosato. Se basa en que la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer clasificó el glifosato en la lista 2A como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, sosteniendo que hay pruebas «no concluyentes» de que puede causar linfoma de No Hodgkin. Hechos: la Corte solo prohibió la aspersión aérea contra la coca aunque la Agencia no hizo distinción alguna sobre el mecanismo para aplicar el glifosato ni dijo una palabra sobre los productos sobre los cuales se usa. Solo el 4.5% del glifosato que se usa en nuestro país se aplica sobre la coca. El 95.5% se usa en productos lícitos tanto mediante aspersión aérea como con tractor y bomba espaldera.
Se sostiene que la Constitucional se preocupa por la vida y la salud. Hechos: la Corte no ha dicho nunca absolutamente nada sobre los otros 82 agentes que están en la lista junto con el glifosato ni mucho menos sobre los 120 agentes sobre los que sí hay pruebas inequívocas de que causan cáncer a los humanos. No ha pedido un estudio sobre los casos de No Hodgkin en Colombia ni sobre si esos casos pudiesen tener alguna relación con el uso del glifosato. Y si de aplicar el principio de precaución se trata, lo que sí está probado es que entre 2009 y 2018 126 personas fueron asesinadas y 664 más han resultado gravemente lesionadas en tareas de erradicación manual.
Se sostiene que lo que sí funciona es la erradicación voluntaria. Hechos: la erradicación voluntaria viene en picada. Cayó un 90%, de 6.765 ha en 2019, en cualquier caso una cifra ínfima en comparación con el total de cultivos ilícitos, a apenas 702 el año pasado. Aunque expertos reconocen que «la actual administración ha fortalecido la gestión y administración del Programa”, los resultados son pobrísimos. Para rematar, el presupuesto del año pasado fue de 1.3 billones de pesos. Hagan la cuenta del costo por hectárea.
Se sostiene que haciendo lo que se hace contra el narcotráfico desde 2014 es posible superar el conflicto armado y la espiral de violencia en que vivimos. Hechos: hoy hay al menos seis conflictos armados que se desarrollan en paralelo; el jefe negociador de las Farc en La Habana y su segundo se devolvieron al monte y entre disidentes y reincidentes sumaban 4.600 hombres a mediados del 2020; a junio de este año se habían cometido 6.220 homicidios y se prevé que superaremos con mucho los 11.880 del 2019. Es más, con certeza en el 2021 tendremos más asesinatos que los 11.535 del 2015, año previo a la firma del pacto con las Farc; entre julio de 2019 y junio de 2020, la tasa de homicidios en los municipios PDET fue de 44,3 por cada 100 mil habitantes y en los municipios PNIS, de sustitución de cultivos, fue de 57,9 muertes por 100 mil, mayores un 190% y 259% respectivamente al promedio nacional. En otras palabras, hoy la violencia homicida es mayor que antes del acuerdo con las Farc y, sin duda, al menos una parte importante tiene su origen en el narcotráfico.
Conclusión: no conseguiremos frenar la violencia ni tendremos una Colombia sin crimen si no le rompemos el espinazo al narcotráfico. Y no lo lograremos si nos olvidamos de los hechos.
