Faltando dos semanas para las elecciones del domingo 7 de noviembre en Nicaragua, nada ha cambiado ni cambiará que el presidente Daniel Ortega sea reelegido consecutivamente, por tercera vez, y obtenga su quinto mandato presidencial a partir del 10 de enero de 2022. Más que unos comicios electorales serán unas votaciones en las que no existen contendores sino aliados colaboracionistas, cómplices del oficialismo que encarna Ortega, porque la oposición está inhabilitada, encarcelada o en el exilio. Una estrategia perversa del gobernante de turno, cuyo objetivo evidente es la eliminación de la competencia política para atornillarse al poder y no volver a salir de él, como sucedió en 1990.
De hecho, desde los meses previos a la campaña presidencial iniciada el 25 de septiembre, ya suman 37 detenidos incluidos activistas y dirigentes políticos de la oposición. Entre ellos, siete precandidatos presidenciales sindicados de supuesta conspiración para menoscabar la integridad nacional, traición a la patria y lavado de activos. Es así que Cristiana Chamorro Barrios y Noel Vidaurre llevan más de 4 meses de arresto domiciliario, mientras que Félix Maradiaga, Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Arturo Cruz, se encuentran confinados en la cárcel El Chipote, ubicada en una colina de Managua.
Por consiguiente, es una campaña atípica con una oposición oprimida y tras las rejas, en la que no solo se elegirá al presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2022-2027, sino que también se renovarán los escaños de los 90 diputados de la Asamblea Nacional y los 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Confuso panorama en el que están más de 4,4 millones de ciudadanos habilitados para votar, de una población nicaragüense que supera los 6,5 millones de habitantes.
Como si fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral canceló la personería a tres partidos políticos opositores y, previamente en mayo de este año, la Asamblea Nacional eligió al citado tribunal electoral a la medida del gobierno y aprobó una contrarreforma electoral. En esta, obstaculiza la presentación de candidaturas opositoras y elimina la regulación de la observación electoral. Por tanto, las elecciones no contarán con las misiones de observación internacionales calificadas como la del Centro Carter, la Unión Europea o la OEA.
Lo anterior corrobora las razones por las que Nicaragua ocupa el puesto 17, en la clasificación del Índice de Observación Electoral en América Latina 2021, con una calificación de 3 puntos sobre 30 requeridos, equivalente al escenario de “Observación Electoral Fallida”. Es decir, uno de los peores países en observación electoral, junto a Venezuela y Cuba, con base en la valoración realizada por la organización Transparencia Electoral, a los procesos electorales entre 2016 y 2021, en 19 países latinoamericanos.
En consecuencia, el repudio nacional, los cuestionamientos de la comunidad internacional y las sanciones no se han hecho esperar. Por un lado, el comunicado de Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, donde afirman que no hay condiciones para realizar unas elecciones libres y justas en Nicaragua. De otro lado, el Consejo de la Unión Europea prolongó hasta octubre de 2022 las sanciones económicas contra políticos y funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo, por el deterioro político y social que vive la nación. Eso sí, cuidando de no afectar a la población y su economía.
Del mismo modo, este 20 de octubre pasado, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución 1.182 en la que resuelve “reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos». Al mismo tiempo, exhortó al gobierno de Nicaragua para que aplique la carta interamericana democrática, dado que no se cumplen los criterios mínimos para “celebrar elecciones libres, justas y transparentes”.
No obstante lo anterior, la realidad es que el autoritarismo y la dictadura fue instaurada con la reforma constitucional impulsada en el segundo mandato de Daniel Ortega, 2012-2017, a partir de la cual se aprobó la reelección indefinida. Desde entonces, el resquebrajamiento de la democracia en Nicaragua ha sido una constante, al punto que la crisis política y social tocó fondo en abril de 2018. Esto es, cuando el gobierno sandinista reprimió y conjuró violentamente las protestas que se alargaron durante varios meses, con un saldo superior a los 300 muertos y miles de heridos, detenidos y desplazados.
A todo esto ha contribuido tanto Venezuela, como un sector influyente de la clase económica empresarial de Nicaragua, Centroamérica, México e incluso Colombia y la región. También, el Banco Centroamericano de Integración Económica que ha proporcionado ayuda al régimen, con un monto que asciende a 2.300 millones de dólares. Recursos que más allá de contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades de la población nicaragüense, le ha generado condiciones de sobrevivencia al régimen de Ortega y Murillo.
Así las cosas, solo resta que se consuma la reelección de Daniel Ortega el próximo 7 de noviembre y se inicie su cuarto mandato consecutivo, que muy seguramente lo llevará a completar dos décadas en el poder. Sin lugar a dudas se va a reelegir ilegítimamente, teniendo a los principales contendores encarcelados y exiliados, aunque sus prácticas represivas no le van a dar estabilidad ni mucho menos le permitirá reconstruir el país.
Si bien el régimen no es sostenible, tampoco va a salir voluntariamente. Pero sí se podrá dar un cambio en la medida que, simultáneamente, haya la suficiente presión nacional e internacional que logre unas elecciones libres y transparentes, para salir de la ignominiosa dictadura nicaragüense. Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué gobiernos van a darle el reconocimiento de legitimidad a Daniel Ortega? ¿Cómo va a reaccionar la comunidad internacional, la iglesia católica, los organismos de derechos humanos, el sector privado y la sociedad nicaragüense? ¿Qué medidas tomará el Consejo Permanente de la OEA, después de valorar las elecciones sin veeduría internacional? Amanecerá y veremos.
