El pasado 22 de abril entró en vigencia el primer tratado vinculante en Colombia que propende por los derechos de los líderes y defensores ambientalistas.
Entre los alcances del mismo se destaca el derecho de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. De este acuerdo regional del cual hacen parte 22 países, solo 12 han logrado la ratificación de sus respectivos congresos.
El pasado 29 de octubre Colombia presentó al Congreso la solicitud de ratificación sin mensaje de urgencia, vale destacar la necesidad del mensaje de urgencia, en razón al poco tiempo que resta para darle trámite toda vez que la legislatura agoniza y es menester en un país donde el asesinato a líderes y defensores ambientales es creciente y en su mayoría quedan en la impunidad.
Según la ONG Global Witness, Colombia es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, cerca de 600 asesinatos desde el año 2016 hasta el pasado mes de septiembre.
Alrededor de los temas ambientales subyacen conflictos como el de la minería legal e ilegal en ambientes frágiles o de manejo estratégico, la deforestación para la apropiación de tierras, así como la siembra ilegal de cultivos.
La ratificación del acuerdo por parte del Congreso es una necesidad imperiosa en la preservación de la vida y la actividad ambiental con garantías jurídicas, dado a que el respaldo institucional de seguridad es precario, claro que esto va en paralelo con sus objetivos centrales: el acceso a la información, la participación ciudadana en decisiones importantes y la justicia ambiental, teniendo en cuenta que en este escenario no solo han sido víctimas los lideres, sino también investigadores, el veto a universidades, ONGs, entre otros.
El acuerdo de paz entre sus puntos determinó la necesidad de caracterizar la frontera de protección forestal y ambiental del país, a cinco años de la firma del mismo poco es lo que se ha avanzado, y por lo tanto las medidas de toma del territorio aún persisten, alrededor de este tema se mueven fuerzas oscuras disfrazadas de desarrollistas, pero en la realidad solo voracidad y egoísmo.
Sin embargo, la fragilidad ambiental es general, Cartagena de Indias es una ciudad donde se han agredido desmesuradamente todos los ecosistemas, el POT del 2001 determinó unos sistemas estructurantes del territorio que venían degradados pero que hasta la fecha son casi inexistentes, la Ciénaga de la Virgen, las Lomas del Marión, El Cerro de la Popa y La Bahía de Cartagena.
Escasamente se adoptó el macro proyecto Ciénaga de la Virgen correspondiente, pendiente el macro proyecto Cerro de la Popa, las actuaciones urbanísticas impetradas no corresponden a procesos de planificación que mitiguen y devuelvan vida al territorio. Todo lo anterior facilita el desorden urbano denotando la indiferencia de las autoridades locales de toda índole.
Pocas voces se escuchan de manera aislada sobre estos temas, a lo cual hacen oídos sordos todos, pues, de alguna manera están envueltos en hechos no tan santos, como en la apropiación de los cuerpos de aguas, invasiones, deforestaciones, cada uno con una justificación, que a su vez se terminan respaldando como derechos.
Es hora de generar una conciencia ambiental integral y un amplio movimiento ciudadano que rescate y proteja lo poco que nos queda, pero con la claridad que nuestra vida y bienestar están en juego, el medio ambiente es vida, protegerlo hará que Cartagena de Indias sea más atractiva para el turismo y así, podremos impulsar el sueño de la Venecia Caribe como una actividad que involucre a los habitantes y sus territorios en la generación de ingresos. Es tiempo de volver a soñar, porque Cartagena si tiene futuro.
