El próximo 2 de diciembre continuaré mi contribución al esclarecimiento de la verdad ante la CEV, aspirando abordar una de las aristas poco referenciadas pero vitales para la comprensión del conflicto colombiano y por ende para la construcción de una paz estable y duradera.
Dentro de los aspectos que son competencia de la CEV el decreto ley 588 de 2017 que le dio vida, incluye: “el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición.”
La exclusión del régimen político colombiano -que es el fundamento de la persecución a la oposición- lamentablemente ha sido parte constitutiva de éste. Los múltiples ensayos de la CHCV coinciden en identificar el hermetismo del régimen político colombiano como una de las causalidades y un factor de persistencia del conflicto armado interno.
Existe un cierre del universo político en varios niveles: en las dimensiones de la política, en las órbitas del ejercicio político y en el espectro mismo de los actores políticos. En Colombia, la política se circunscribió a la formalidad electoral e institucional, desconociendo otras tipos de participación ciudadana como la movilización que han sido tratadas represivamente, al tiempo que se ha repelido abordar la participación sobre ámbitos esenciales como los laborales, educativos, de género, ambientales, entre tantos otros.
De otra parte, el espectro político ha estado cerrado tanto en términos ideológicos, como sociales, desarrollándose verdaderos dispositivos para el acceso a la representación política de sectores de izquierda, de las clases populares o sectores sociales excluidos.
Por ello, el Acuerdo de Paz del que surge la Comisión de la Verdad, parte de reconocer la apertura democrática como un componente para poner fin al conflicto social armado, e identifica dentro de la misión de la CEV analizar los impactos de la guerra sobre el ejercicio democrático, y el desarrollo de recomendaciones para la convivencia y la no repetición que indefectiblemente deberían abordar este ámbito.
Los dispositivos de exclusión política comprenden entre otros desde mecanismos propios del sistema electoral -como la financiación privada de campañas o el desigual modelo de representación territorial-, hasta perversiones de éste como el fraude o la adulteración del censo de votantes, riesgo en curso para los comicios de 2022. Pero también los mecanismos de exclusión comprenden fundamentos del Estado colombiano como el denominado Orden Contrainsurgente que desarrollará dispositivos legales e ilegales, culturales – como el anticomunismo- o abiertamente represivos – como el paramilitarismo o el Terrorismo de Estado-.
Podemos decir que la exclusión política o ausencia de garantías democráticas del régimen colombiano se consuman en la histórica y sistemática persecución a la oposición, y que de igual forma, la esencia de la oposición histórica es la ruptura de este régimen antidemocrático, por lo que recibe una retaliación represiva a través de las múltiples modalidades de persecución.
Por tanto, la superación de la exclusión política y la apertura democrática tienen como uno de sus pasos esenciales la eliminación de la persecución a la oposición política y las plenas garantías para el ejercicio de la política y la participación ciudadana, tal cual lo contempla el Acuerdo Final en el punto 2.
Los teóricos de la democracia a nivel global, identifican como uno de sus rasgos más distintivos que el sistema política permita la alternancia en el poder, es decir ofrecer garantías para quienes hemos hecho oposición política a los gobiernos o al régimen político podamos acceder a ser gobierno de forma pacífica. Dicha condición evidentemente no se ha dado en Colombia, aunque tenga en 2022 una prueba de fuego, de si las estructuras de mantenimiento del statuo quo permitirán al Pacto Histórico ganar las elecciones, y posesionar un nuevo gobierno de acuerdo nacional.
He sufrido la persecución a la oposición política en carne propia, pero lamentablemente es un patrón que se replica contra múltiples dirigentes políticos y sociales que diferimos del establecimiento: guerra jurídica y hostilidades propias de un conflicto armado hacia una oposición no combatiente. Desde los tiempos del llamado canapé republicano, (1909-1914) donde se purgó al ala radical de Uribe Uribe, el sistema ha implementado modalidades de exclusión política violenta legal e ilegal.
La represión excluyente se ha aplicado históricamente contra cualquier movimiento externo al bloque de poder sin importar si representan movimientos sociales o políticos; desde la violencia política contra movimientos obreros de los años 20 del siglo pasado a hoy, desde la Masacre de las Bananeras a la masacre del Paro Nacional de 2021, o desde el magnicidio contra el rebelde Uribe Uribe a los sucesivos genocidios políticos desde el gaitanismo hasta el que está en curso actualmente contra los firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana.
No se trata solamente de un hermetismo del régimen sino de su reacción violenta contra actores que han buscado su apertura democrática. La reacción violenta toma una doble ruta: la represión legal a través de múltiples modalidades de guerra jurídica o lawfare, y el tratamiento militar a la oposición legal bajo la categoría de enemigo interno, propio de la doctrina de seguridad nacional. Valga recordar la metáfora de Darío Echandía que definió al sistema político colombiano como un “orangután con sacoleva”, haciendo referencia a esa doble dimensión que posaba de apariencias democráticas y recurría a formas jurídicas de dominación, pero sin abandonar los rasgos autoritarios y violentos.
La represión jurídica ha tomado múltiples formas históricas, desde la proscripción de determinados pensamientos políticos hasta los recientes montajes judiciales, pasando por la Policía Política laureanista (Popol) y su millón de cédulas liberales “falsas”, los Juicios Verbales de Guerra y la liquidación del delito político, todo ello gracias a un aparato judicial históricamente politizado. De la Ley Heroica de 1928 al Fiscal Barbosa, un siglo de guerra jurídica. Presentaré como he sido – y sigo siendo- víctima de esta conducta sistemática del régimen político colombiano, que afecta las garantías democráticas para la oposición.
En otro sentido, la declaratoria de enemigos internos aplicada hacia la oposición política, muy en la idea autoritaria de Carl Schmitt, autor de cabecera de ideólogos del régimen como Londoño Hoyos, incluye desde ejercicios de violencia simbólica hasta la eliminación física justificada en dicho marco. Cien años de cultura sectaria y antidemocrática de negación del contradictor político como sujeto de derechos. Pasamos del “matar liberales no es pecado” exclamado desde los púlpitos de Monseñor Builes y San Ezequiel Moreno, a solicitud de juicios por traición a la patria o fraccionar la unidad nacional y la justificación de la violencia contra la mujer, utilizándome como ejemplo como lo hizo el presidente de la Difutbol, Álvaro González.
Sustentadas en tales discursos, las hostilidades contra la oposición han incluir espionaje, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y asesinatos, prácticas que lamentablemente conservan vigencia aún después de la firma del Acuerdo de Paz.
Les invito a revisar los archivos del DAS contra Gustavo Petro, Carlos Lozano y en mi contra, donde nos catalogaron de “blanco legítimo”, violaron nuestra intimidad y constriñeron nuestra actividad política, derrochando los recursos públicos y la inteligencia del Estado en quienes no representábamos peligro alguno para la seguridad nacional y no estábamos en la ilegalidad.
Me reivindico como partícipe de la oposición política histórica al régimen. Primero en la lucha desde las bases del Partido Liberal por el desmonte del Frente Nacional y la apertura democrática que se plasmó en el proceso constituyente de 1991, pero que quedó tempranamente frustrado. He hecho oposición en el parlamento y fuera de él acompañando múltiples movimientos sociales. Me reclamo también como expresión de sectores víctimas de histórica exclusión política: soy mujer, negra y de región. Nunca he negado mi opción ideológica ligada a una agenda progresista de temas proscritos por los poderes más conservadores: equidad de género, derechos de la población LGTBI, soberanía de los pueblos étnicos, lucha por la paz completa, política económica antineoliberal, integración latinoamericana, entre otros.
Valido que en este ejercicio tenga contradictores políticos e ideológicos, pero nada de lo anterior puede ser óbice para mellar mis derechos políticos o justificar la victimización que he sufrido en múltiples dimensiones. Mi opción política me ha hecho sujeto de una persistente y sistemática persecución política, en una muestra más de los factores de origen y perpetuación del conflicto social armado.
Por ello, estoy trabajando un informe al respecto a la CEV, no solo para esclarecer lo ocurrido contra los opositores políticos en esta larga periodo antidemocrático que hemos vivido en Colombia, sí no también para proponer medidas para la convivencia y al no repetición, Para todas las víctimas la reparación inicia por la verdad pero incluye la restitución de nuestros derechos, lo que requiere importantes transformaciones políticas aplazadas, y no solo medidas paliativas respecto a la seguridad. La plena reparación de la histórica oposición política, es brindar las absolutas garantías para que podamos ser gobierno en 2022, así como mi reparación como víctima de la persecución política, incluye que cesen las hostilidades y guerra jurídica en mi contra, y se me permita continuar haciendo política, pese a cualquier diferencia ideológica. De eso se trata la democracia, de eso se trata la paz.
