Colombia ha sido un país donde unos pocos parlamentarios tienen el honor de llevar con orgullo el ser expertos en “micos”, “orangutanes” “lagartos” y “zorros”. Lo que está por suceder no es nuevo, revisando la historia de los principales engendros, lo de promover la vía penal como sanción a la libertad de expresión, es de vieja data y uno de los exabruptos más inverosímiles que esos cuantos “padres de la patria” se han podido inventar. No les importa ir en contra de nuestra constitución, ni de los preceptos y estándares interamericanos que protegen la libertad de prensa.
Al revisar el artículo 221A del Proyecto de Ley No. 369 de 2021 de Cámara y 341 de 2020 del Senado “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, se nota a leguas que dicho “engendro” viola flagrante y descaradamente las garantías constitucionales de la libertad de expresión.
Pretender una pena de prisión de hasta 10 años y multas de hasta $1.359 millones contra quienes profieran injuria o calumnia contra funcionarios, e incluso, exfuncionarios públicos” no tiene “pies ni cabeza”, cuando se sabe que una parte de nuestro estado jurídico está permeado en corrupción por el estamento político y será fácil emitir fallos con base a ese posible “fuero extraordinario de protección de las y los funcionarios públicos”.
Recordemos la famosa “Ley de Reglamento del Congreso” de la década de los ochenta, cuando el representante Marco Tulio Gutiérrez, en una comisión accidental de la Cámara incluyó en la Ley, un orangután que fue aprobado por el Congreso, pero más tarde declarado inexequible por la Corte Constitucional. Así rezaba el entuerto. …“los congresistas sólo podrán ser privados de su libertad por delitos que cometan hasta tanto no se haya proferido resolución acusatoria debidamente ejecutoriada”. Para Marco Tulio, ese engendro hacia parte del “fuero especial que debía cobijar a todo congresista”.
Así mismo, Rudolf Hommes, aprovechando la coyuntura de mando, incluyó, siendo Ministro de Hacienda, en el Proyecto de Ley Orgánica de Presupuesto un verdadero MICO Gubernamental donde exoneraba y despenalizaba de responsabilidad alguna, a funcionarios de mando u ordenadores de gasto, que reservaran dinero que no estaban autorizado por la ley y les tira la “pelotica” de responsabilidad a los “mandos medios.
Regresando a la actualidad, el proyecto le asesta un duro golpe a la transparencia, al crear “un fuero extraordinario de protección de las y los funcionarios públicos”, es decir, una mordaza, similar a la denunciada por “Reporteros sin Fronteras”, cuando se implementó en España, alegando que se trataba de leyes antiterroristas, pero que a la hora de la verdad «afectaron directamente la libertad de prensa y el ejercicio profesional», cuando se les prohibía al periodista y público en general, efectuar cualquier comentario o debate sobre sus actuaciones, decisiones y posturas que pudiesen ser consideras erróneas o imprecisas.
Existen múltiples expresiones en contra del proyecto, incluyendo al propio presidente Duque, quien asevero, “si el proyecto es aprobado, será objetado”, establecer mordazas al periodismo y al derecho a la información es ir a favor de la corrupción, cuando existen suficientes normas en el código penal como en la legislación de responsabilidad civil extracontractual, para hacer pagar al o los responsables de noticias, opiniones calumniosas o injuriosas en contra de los servidores públicos.
Ahora no hay responsables del “mico” discriminatorio, nadie da la cara y niegan estar intentando crear un tipo penal para favorecer solo a los funcionarios del Estado. Se le escuchó decir en Blu Radio al ponente del proyecto César Lorduy «No sé quién redactó el artículo. Entiendo que es una proposición que firmaron siete congresistas«.
Esperamos que el Senado elimine el artículo del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes y así se proteja la libertad de prensa y de expresión, como reza en la declaración de Chapultepec “adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994”, que con diáfano concepto le dijo al mundo político: “ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio que se trate”.
