Las familias colombianas para el año 2022 tendrán que afrontar una inflación superior a todas las anteriores en las últimas décadas y representadas, parafraseando a Friedmann: como ocurre “en todo tiempo y en todo lugar”, en las emisiones del Banco de la República que equivalen a 45 Billones de pesos (aproximadamente), es decir, el 15% de la masa monetaria existente en el país para 2019 expresada en términos porcentuales del PBI.
Lo que podría traducirse en que, por cada 100 unidades de bienes y servicios de la canasta de consumo de un hogar, hoy tenemos 15 unidades monetarias más para pagarlos (que antes no teníamos). Pero el cálculo no termina ahí, porque adicionalmente decrecimos en 6.8 puntos en 2020 y en 2021 solo recuperamos un 5.7, luego hay otro punto del PBI perdido debajo de esa gran alfombra de impuesto inflacionario, creada para desfalcar el ingreso de los ciudadanos, en especial, el de los más pobres.
Ahora bien, la inflación, como la mide heterodoxamente el DANE, es decir, entendida como fenómeno multicausal y atendiendo, por tanto, al índice real en que los precios aumentaron para el consumidor final, estaría arriba del 45% en el acumulado entre 2010 y 2020. Justamente el último periodo en el cual la Banca Central colombiana emitió el 15% de la masa monetaria, de manera que la expansión de agregados dinerarios de los años 2020-2021 es el equivalente al de los 10 anteriores, por lo que la verdadera inflación en 2022 deberá superar con creces la medición del año anterior.
Suponiendo que la activación de la cláusula anticíclica (aquella que permite al gobierno gastar más de lo que le ingresa para intentar aumentar el PIB con el gasto público – tan absurdo como suena pero legal –) tuviera un periodo de vigencia menor al máximo bianual, y que los instrumentos de política monetaria de este gobierno fueran exitosos; entre ellos ya están puestos en marcha el, siempre ineficaz, control de precios y salarios, el control al tipo de cambio, el aumento arancelario para desestimular la demanda de algunos bienes importados (“-¿- apoyando a la industria nacional -?-”), cuya dependencia de un activo financiero, que se dispara al inicio de las crisis inflacionarias, como el dólar, los pone en el podio del aumento generalizado de precios, lo cierto es que esta lectura encomiástica solo obedecería al manejo anualizado de las cifras y, más, en un año electoral.
Los gobiernos suelen tener malos números en los años anteriores al último para que las cifras al momento del corte, donde simulan una aparente recuperación, sean lo suficientemente buenas para salir bien presentados en la foto y que en la elección los votantes tengan ese dato a la mano, siendo extraño que los electores ocupen tiempo revisando la película completa y vayan a votar con una visión completa de la gestión a evaluar.
Recordando a Kahneman, no dudaría en pensar que en las elecciones del 13 de marzo, en las del 29 de mayo (en las eventuales de junio 19) y, en especial, en las compras del primer semestre, los colombianos irán generalmente en sistema 1, apelando a sus convicciones y sesgos de representatividad, y a las curvas de indiferencia previamente fijadas en su arquitectura de decisión, pero al momento de conocerse el nuevo gobierno y cuando este devele (si es que lo hace) las cifras reales de la economía colombiana, o, simplemente cuando el aumento desmedido de los precios haga que la gente active el sistema 2, para seguir con el modelo comportamental citado, aplicando un análisis más racional a su actividad económica y a su verdadero nivel de ingresos, habrá una reacción generalizada, probablemente de pánico, que debilitará considerablemente – la confianza y la demanda de – el peso colombiano y asestará un golpe definitivo a los ingresos de la clase trabajadora, al ver sus salarios reales fenecer frente a la inversión, el ahorro, los artículos importados y los de primera necesidad, en ese orden.
Una precrisis modélica para concebir una hiperinflación (si se opta por continuar con la emisión sin respaldo), una recesión (sino se recorta el gasto público y se mantienen los niveles de presión impositiva, haciendo que caiga la actividad) o un ajuste en favor de la generación de riqueza y de empleo privado (con reducción de la presión fiscal, moderación – para no hablar de eliminación – de la protección laboral, recuperación del peso, apertura al exterior, libertad monetaria, incluyendo criptomonedas, reducción del riesgo país y fomento a la confianza inversionista). El 2022 puede ser un año bisagra para la economía y, particularmente, para la política monetaria del país.
