“…los gestores e impulsores de tales revocatorias en solo tres ciudades del país, como Medellín, Cartagena y Sincelejo, se observa que casi todos están actuando en cuerpo ajeno…”
Es claro que la Ley 134 de 1994 estableció los mecanismos de participación popular tales como el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Dentro de la constitucionalidad y la participación democrática ellos son buenos elementos de participación ciudadana.
Lo que es fácil de entendedor, es la forma como unos cuantos malos perdedores se han apoderado de dicha norma para intentar acceder al poder perdido que han ostentado por años, donde han manejado a su antojo la contratación, la burocracia, el nepotismo, el carrusel, la puerta giratoria y demás elementos que conocen al dedillo para seguir apoderándose de los recursos de los contribuyentes.
Si miramos los procesos revocatorias en solo tres ciudades del país, como Medellín, Cartagena y Sincelejo, se observa que casi todos están actuando en cuerpo ajeno, son testaferros de los políticos caídos y financiados por contratistas y ex funcionarios que conocen al dedillo “por donde le entra el dinero al coco”, y son expertos en la compraventa de los cupos indicativos que el Congreso le asigna a nuestros parlamentarios.
En estos tiempos pre electorales, todos los candidatos hablan de combatir la corrupción, uno de los principales flagelos que llevamos a cuesta por muchos años y difícil de erradicar por los niveles históricos que ha alcanzado. Enumerar la lista de los engavetados en fiscalía, procuraduría y las contralorías, no nos alcanzaría el espacio, Reficar, Cartel de la Toga, compra de votos en Barranquilla, Odebrecht, PAE, regalías, la Nueva EPS, enfermos mentales, SIDA y adulto mayor en Sucre y Córdoba, carrusel de contratos en Bogotá y pare de contar.
Vamos por parte, “…recordar es vivir”…el país conoce y la prensa ha denunciado la corrupción que aqueja a la ciudad de Cartagena de Indias. El último diploma de corrupción lo encarna la ex presidenta del Concejo Distrital, Gloria Isabel Estrada Benavides, quien está embolatada con los cargos de fabricación y porte de estupefacientes y a los ideólogos de la revocatoria del actual alcalde, se le olvida que el “Corralito de Piedra” carga con un lastre galopante de corrupción, con muchos años en crisis política, desde el 2012 iniciando con Campo Elías Terán Dix quien fue suspendido por irregularidades en contrataciones, le siguen nueve alcaldes que han pasado como “choricera” sentados en la poltrona de la ignominia y uno de ellos le “dieron cana”, tres más suspendidos por corrupción, sin contar con los ocho concejales y una Contralora con casa por cárcel.
“…Si en Cartagena de Indias llueve, en Sincelejo no escampa…”, lo que sucede en la excapital cebuista de Colombia, es para Ripley, es la única capital de Colombia y posiblemente del mundo, donde no existe servicio de trasporte urbano y el trasporte “oficial” es la mototaxi, con casi 100 mil mototaxistas que movilizan a la población.
El factor politiquero si es parte del diario vivir y un pequeño “grupillo” por “Mutu propio”, se les vino a la mente pedir la revocatoria del actual alcalde, cuando el lastre que traemos es “in sécula seculorum”, siendo que el departamento de Sucre tiene el honor de haber fundado …el cartel de carteles… -enfermos mentales, SIDA, adulto mayor. PAE y otros más.
La actual administración recibió de la anterior más de 43 obras siniestradas y con problemas y le ha tocado invertir más de $15.000 millones para culminaras, dineros que hubiesen servido para otras obras, pero que posiblemente fueron a parar a manos de la corrupción.
Ese mismo grupillo ideó la suplantación de firmas y ya existen denuncias de más de mil personas que han expresado que “su firma ha sido suplantada en los formatos entregados a la Registraduría”, agregándole a ello que el comité recogió firmas sin guardar las más mínimas medidas de bioseguridad. Por ese sospechoso acto, uno de los ideólogos del esperpento revocatorio, Alex Manuel Sierra Paternina, presentó ante la Registraduría su renuncia irrevocable como miembro del comité de revocatoria. “…Mea culpa”
Con la ciudad de Medellín, es solo nombrar dos sucesos históricos, el “Metro”, donde los colombianos todavía estamos pagando sus costos, cuyo inicio fue de 2.174 millones de dólares. Según la “Ley de Metros” (310 de 1996), al Estado le correspondía cofinanciar el sistemas de transporte masivo con un mínimo el 40% y un máximo de 70%. Pero la deuda en dólares adquirida con las entidades financieras se volvió impagable, la Nación asumió el valor total de dichos compromisos y con la ampliación del plazo a 80 años.
Sin detenernos en lo que el país conoce, Hidroituango es la “joya de la corona”. Su inicio se calculó en $8 billones, luego por efectos de retrasos no visualizados los sobrecostos pasaron a más de $12 billones, con el cuento de la “otra” emergencia del 2018 aumentó a $18.3 billones y como vamos, su valor final superará los $30 billones de sobrecostos.
¿Será que el actual alcalde de Medellín es el culpable del fallo de responsabilidad fiscal en segunda instancia por parte de la Contraloría General de la República contra 28 personas naturales y jurídicas por los supuestos graves errores y decisiones en la construcción de Hidroituango?
¿Sabe el pueblo cuanto le cuesta éste “embeleco” politiquero a los colombianos”?… Averígüelo Vargas.
