El dato de crecimiento del PIB en 2021 de 10,6% está muy por encima de lo proyectado en el marco fiscal de 6,0%. A pesar de la amenaza inflacionaria, la cifra de PIB nominal es aún más espectacular: cercana al 18%. Con este dato, se eleva el crecimiento económico del periodo 2018-2020 de -0,23% al 2,38% para 2018-2021. El reto del próximo gobierno será resolver el problema fiscal de casi 6,2% del PIB. Aunque el balance total del gobierno requiera $90 billones, aun con supuestos generosos, el balance primario va a requerir $34 billones. En otras palabras, tanta deuda para crecer no es sostenible.
El gobierno naturalmente hace bombos y platillos con el crecimiento de 2021, pero muchos analistas lo desestiman como un efecto estadístico de rebote en respuesta al bajonazo de la pandemia. Si la economía está en 100 y cae 10% queda en 90, pero si vuelve a 100 al siguiente año desde la base de 90 crece al 11,11%. La rápida recuperación es positiva, pero aunque se crece no se avanza. Hoy la economía produce $47 billones menos que hace dos años.
Esto explica por qué a pesar de lo explosivo que fue 2021, el crecimiento del cuatrienio de 2,38% no es destacable. Si bien hay aciertos en materia de recuperación, especialmente por el jalonamiento del sector vivienda, el estímulo gubernamental dejará retos fiscales. Nos endeudamos para recuperarnos pronto, pero ese ritmo de gasto público no es duradero. Esto para no hablar de recuperar el grado de inversión que perdimos el año pasado.
Por su parte, tanto por gestión como por mayor actividad, la DIAN incrementó el recaudo en $13 billones, nivel por encima de lo previsto en el marco fiscal de mediano plazo de 2021. Aun así, es probable que el recaudo de 2022 se mantenga estable en 14,2% del PIB. El escenario de 2022 no incluye ingresos por $7.1 billones por cuenta de las enajenaciones del año anterior. Las descapitalizaciones, o venta de activos, no serán iguales en año electoral; tampoco las complejas enajenaciones de activos de la SAE. Se debe acabar la mala práctica de depender de utilidades del Banco de la República.
Para estimular las obras públicas, el gobierno nacional incrementó el uso de vigencias futuras, comprometiendo $63.2 billones de gasto del próximo cuatrienio. En otras palabras, les piden a los constructores que empiecen obras ahora, pero les pagan con los presupuestos de futuros gobiernos. El Invias en un hecho, ese sí sin antecedentes, comprometió hasta 8 años de presupuestos para obras de baja cuantía. Hay un debate con calificadores de riesgo sobre si estas vigencias futuras son deuda o inversión, pero el hecho es que el que llegue recibe la olla raspada. Esto sin hablar de las APPs que darían para otra columna.
No importa lo que digan ahora en campaña, el próximo gobierno debe mejorar su perfil fiscal entre $12 y 16 billones apenas lleguen. Esto se puede hacer recortando gasto o mejorando ingresos, pero si queremos mantener la tradición de más de 200 años de prudencia fiscal, el ajuste no es con más deuda. La moneda sana de López Pumarejo no existe sin esfuerzo. No es accidente que Colombia sea el único país de América Latina que nunca ha restructurado sus deudas y siempre las ha pagado. Es un legado muy importante para ponerlo en riesgo.
