Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un Juez de Control de Garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad a 10 personas señaladas de integrar una red de corrupción que, de manera irregular, se benefició económicamente con contratos en municipios y entidades del orden nacional.
Estas personas, presuntamente gestionaron recursos para asumir obras de mitigación, construcción de parques y alcantarillado; la pavimentación de vías terciarías; programas de educación y atención a la niñez; así como distribución de licores y proyectos productivos que eran ofrecidos en diferentes poblaciones del país.
La organización delictiva, al parecer, previa intermediación de un congresista, por medio de empresas e ingenieros, formulaba propuestas y proyectos con los requisitos básicos para acceder contratos a través de diferentes entidades, como pólizas o estudios de mercado.
Con todo este andamiaje se garantizaría la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad. El material probatorio indica que todo se definía mediante el pago de dádivas, que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación de cada contrato.
Parte de los recursos, supuestamente, se distribuía entre los gestores de los proyectos y otra quedaba en manos del congresista. De esta manera, la estructura ilegal habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron en valor a 43 mil 433 millones de pesos.
En la investigación, liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, se conocieron varios contratos que fueron gestionados, entre estos la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.
Asimismo, los hoy procesados, al parecer, obtuvieron 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Los elementos de prueba indican que los beneficiados debían pagar un mes de los salarios percibidos en el nuevo trabajo.
- Capturas y judicialización
Los señalados involucrados en las actividades ilícitas detectadas fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas por el CTI de la Fiscalía.
Los detenidos son: Claudia Marcela Castaño Morales, Juan Sebastián Vargas Marín, Wilmar Herrera Gallego, Santiago Castaño Morales, Harvis Arturo Rentería Rivas, Nova Lorena Cañón Reyes, Daniela Ospina Loaiza, Alejandro Noreña Castro, Yeiler Javier Sánchez Moreno y Jhon Alexander Sánchez.
La Fiscalía imputó a estas personas, según el rol y posible participación en los hechos, delitos como: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, extorsión tentada y estafa agravada.
Los cargos fueron aceptados por Claudia Marcela Castaño Morales, quien deberá permanecer privada de la libertad en el lugar de residencia. Esta misma medida le fue impuesta a Juan Sebastián Vargas Marín. Los otros ocho investigados recibieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.
Por las actuaciones ilícitas conocidas en este proceso y la presunta participación de un senador de la República, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma las indagaciones que sean de su competencia.
