La Secretaria de Salud de Bolívar ha sido materia de escándalos vergonzosos desde hace algunos años, irregularidades en la contratación, el caso de las vacunas del PPH en El Carmen de Bolívar, el llamado “Cartel de la hemofilia”, entre otros. Ahora aparece lo que podría denominarse como «El cartel de los rurales”.
Cuando un estudiante de las diferentes áreas de la salud culmina académicamente sus estudios debe hacer obligadamente un año rural o año de servicio social para acreditarse y obtener la autorización del ejercicio de su profesión, es decir la tarjeta profesional.
Después de varios años de trasnochos, turnos de amanecidas, revistas médicas etc. llega el sabor a victoria al ver culminado el periodo académico y comienza un calvario por lo menos para muchos cuando de buscar plaza para rurales se trata, es el caso de una enfermera profesional egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, con sede en Cartagena de Indias.
Su nombre es Olga Patricia De Ávila Marimón, quien con la ilusión de hacer su año rural se dirigió hasta las oficinas de la Secretaria de Salud Departamental en 2019 a una plaza para su rural. La joven sostiene que al llegar a las oficinas a hacer la respectiva diligencia, se encontró con Ana María Bustillo Viaña, una funcionaria de esta dependencia, quien dijo ser la encargada de asignar estos cupos.
Ella según la denuncia le informó que no habían plazas disponibles, pero que le podía colaborar, claro está si la joven estaba dispuesta a entregarle cuatro millones de pesos ($4.000.000) para exonerarla. O que podría ser un millón de pesos ($1.000.000) dependiendo la distancia de la plaza requerida; esto en cuanto a rurales de enfermería se refiere.
Dice la joven que Bustillo le pidió unos documentos para hacerle la gestión por la cual le cobro un millón de pesos de los cuales se le dieron $200 mil con el compromiso de entregar el resto una vez tuviera la plaza asignada, la cual nunca llegó.
La denunciante asegura enterarse de que fue víctima de una estafa cuando al presentar los documentos que la funcionaria de la SED le entregó estos fueron rechazados por la Universidad, quienes sin hacer ninguna averiguación denunciaron a la estudiante ante la Fiscalia General de la Nación por falsificación de documentos y fue sancionada con dos años de expulsión de la Corporación, quedando así sin derecho a grado durante este periodo.
La Fiscalía General de la Nación no encontró méritos para investigarla y se ordenó archivar el proceso pero dio la orden de indagación contra Ana María Bustillo Viaña.
No se conoce pronunciamiento, ni sanción alguna por parte de Control Disciplinario de la Gobernación de Bolívar en contra de la funcionaria. Queda una primera pregunta ¿Cuántas profesionales de la salud hay graduados con rurales asignados bajo esta modalidad? Espere una segunda entrega.
