No es posible que un Estado tan rico como Colombia con exuberante diversidad biológica y cultural, con variedad de climas para los diferentes cultivos, montañas, llanuras y planicies al gusto de todos, ríos, lagos y mares para impulsar la pesca marítima y continental, costas en los dos grandes océanos, cuando ocupamos el privilegiado segundo lugar en biodiversidad entre las 12 naciones más mega diversas del planeta, con oro, esmeraldas, carbón, petróleo, cobre, hierro y gas natural, para ser un país rico con un elevado nivel de vida de nuestra población, tengamos que vivir las vicisitudes propias de las malas decisiones de nuestros mandatarios, cuando aprueban normas en contra de la normatividad existe, para el beneficio de unos sectores decadentes de la política rastrera.
Ya el país conoce que la Corte Constitucional tumbó la famosa Ley de Garantías, se cayó por vicios de constitucionalidad. El 99% de los conocedores del tema le decían y advertían al Estado que esa ley era inmoral y anticonstitucional, pero la soberbia de nuestro mandatario, aunado a las ansias de ser elegidos de los políticos y mandatarios locales con sus alfiles o familiares, dieron paso a lo que hoy se ha convertido en uno de las “metidas de pata más grande de la historia nuestra” por parte de los inmersos en dicha aprobación
La situación se agrava cuando la Corte le dice al Gobierno que… “…la reforma a la Ley de Garantías aprobada por el Congreso en 2021 para celebrar contratos de entidades territoriales en los que participara el Gobierno Nacional, tenía irregularidades en el trámite”
Continua la Corte diciendo: “…ese tipo de cambios deben aplicarse bajo el formato de una ley estatuaria y no con un artículo incluido dentro de otro proceso legislativo…solo podía modificarse con un trámite de la misma categoría, y no con una reforma…”.
“La pata le nace al cojo”, cuando los opuestos a la reforma, le decían a los susodichos que dicha norma tampoco era factible en los actuales momentos por estar en un año electoral y ahora la Contraloría dice que “esos contratos firmados deben reversarse” y los más de $52.3 billones que se gastaron en obras politiqueras y en elegir candidatos, deben regresar a las arcas nacionales, departamentales y municipales, dineros entregados sin miramiento alguno a más de 645.495 contratos.
Ese “mico” de la reforma tiene sus culpables, El presidente Duque, los ponentes, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara y la coalición de Gobierno, y a ellos deberá recaer la contrademanda para la devolución de los dineros contratados, a pesar de que estos alegan que “ya el dinero se invierto”. Sin embargo se salvan de la devolución, los ya ejecutados por estar consumado el hecho, pero, “…los que estén en etapas previas, deberán terminarse y liquidarse inmediatamente…suscribiendo el documento respectivo y sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar”.
Pero como dice el dicho popular “…al caído caerle…”, la Corte Constitucional también tumbó la reforma al código electoral por vicios de trámites, cuando determina que “no se llevaron a cabo los procesos pertinentes para éste trámite”.
Pero ¿cuáles son esos “vicios de trámite”? Como decía el humorista Éver Castro, “se le dijo, se le advirtió, se le recomendó”, que no hicieren semejante abrupto jurídico, pero era demasiado en juego y la búsqueda de modificar a nivel electoral algunos reglas de juego, como las listas de paridad de género, la tecnología en el sistema para el voto domiciliario, remoto anticipado y mixto, el aumento descomunal de la nómina burocrática en la Registraduría, la nefasta reforma a la carrera administrativa y el ‘Bongo le dio a Borondongo” del Registrador que descaradamente pedía que a “Mutuo Propio”, poder seleccionar su propia auditoría. Todo ello no daba espera.
Tanto el Gobierno, Mininterior, las comisiones primeras de Cámara y Senado que se imaginaban con mayor burocracia y la bancada voraz de Gobierno, son culpables y sus costos no deberían ser económicos, sino políticos, a todos ellos les “importó un comino” las múltiples advertencias sobre la inconstitucionalidad en el trámite del proyecto, y como si fuera poco llevaba mensaje de urgencia y convocatoria a sesiones extras para terminar de aprobar dicho “mico”, cuando ellos sabían perfectamente que una ley estatutaria solo puede aprobarse en una legislatura y en dos periodos ordinarios.
A todo esto ¿qué dirán la Procuraduría y la Fiscalía? ¿Será que investigaran a los responsables? ¿Se meterán con las mesas directivas de Senado y Cámara y los parlamentarios que le hicieron el juego al Gobierno?
No lo creemos…Amanecerá y veremos… el que manda…manda…aunque mande mal…así sea en el patio de su casa….
